Francisco Pagani, defensor del exjuez federal José Charlín, pidió hoy en los alegatos la absolución. «Consideramos que esas conductas inadecuadas deben resolverse o corregirse en un ámbito que no sea el penal», sostuvo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
«La pretensión punitiva de la Fiscalía, que reclamó cinco años de prisión, resulta excesiva», dijo. «Acá hay una hipertrofia punitiva», lanzó. «Esas conductas pueden ser consideradas socialmente inadecuadas, pero que no encuentran necesariamente acogida en el ámbito penal, sino en otro ámbito del Derecho», sostuvo Pagani. Así deslizó que el tema debería haberse resuelto a través del Derecho Laboral.
«Estamos en presencia de conflictos interpersonales, de conflictos laborales y también de conflictos administrativos», sostuvo. Insistió con que no hubo delitos por parte de Charlín.
Dijo más: que las «presuntas víctimas» podrían tener una «autopercepción» de haber sido acosadas, pero que en realidad no la hayan sufrido. «Puede haber habido una inadecuación de conductas, pero no constituyen abusos o acosos», expresó.
Hubo otra particular argumentación para decir que no hubo violencia de género. «Estamos en presencia, quizás, de una persona violenta, pero no misógina», dijo el defensor.
¿Y por qué la mayoría de las víctimas son mujeres? «Por una cuestión aritmética, ya que en el juzgado hay una mayor cantidad de mujeres y así la mayor parte de las relaciones interpersonales fueron con mujeres», expresó.
Hace unos 20 días, la fiscal de la Procuración General de la Nación, María Luz Castany, solicitó al Tribunal Oral Federal de La Pampa que condene a Charlín a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por cuatro años.
Lo acusó de nueve hechos, entre los que se encuentran reiterados episodios de acoso sexual, laboral y amenazas a empleados y empleadas del juzgado que encabezaba, así como la compra de bienes y renovación mobiliaria con dinero perteneciente a la Secretaría Electoral, daños a bienes de uso público y coacciones. También solicitó que, en caso de ser condenado, se informe tal circunstancia al Consejo de la Magistratura y reclamó ámbitos específicos que permitan un mejor abordaje de la violencia de género y el hostigamiento laboral a las mujeres.
El enjuiciamiento de Charlín –que comenzó el pasado 8 de marzo- fue solicitado por el entonces fiscal federal de Santa Rosa, Juan José Baric, quien en su requerimiento de elevación a juicio de la investigación, señaló la casi decena de hechos que constituyen los delitos de abuso de autoridad –en algunos casos en concurso ideal con malversación de caudales, abuso sexual simple en situación de violencia de género con daño en dos oportunidades, en concurso material con amenazas coactivas -agravadas por tener como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del trabajo, en nueve oportunidades- y real por el uso de herramientas amenazantes -en alusión a una trincheta que habría empleado el imputado-.
La fiscal Castany tuvo en cuenta los “elementos de contexto” en que se dieron las amenazas constantes por parte de Charlín y el abuso sexual a una de las víctimas, al tiempo que resaltó que estos hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género, de una asimetría y desigualdad estructural entre las partes potenciado por la desigualdad jerárquica y por su carácter de juez, ya que las víctimas eran sus empleadas.
Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló la ausencia de un área específica, dentro del Poder Judicial de la Nación, para recibir denuncias de acoso laboral –falencia que ya había sido señalada en su momento por la Oficina de la Mujer de la CSJN, en el Informe Violencia Laboral y Mecanismos de Respuesta en el Poder judicial Argentino-.
En tal sentido, y luego de escuchar los dichos de más de veinte testigos -que brindaron detalles de las situaciones de violencia de género que padecieron- la Fiscalía sostuvo que «de los testimonios enunciados, surge que las víctimas se encontraron con serias dificultades al momento de denunciar el maltrato al que estaban siendo sometidas, que no se guardó el debido trato de confidencialidad, que no se les dio ninguna contención, y que sus dichos fueron subestimados», y agregó que «ésta lamentable experiencia también tiene que servir para reflexionar sobre la ausencia de un protocolo de actuación para estos casos, con la especificidad que requeriría dentro de la órbita del Poder Judicial de la Nación».