Mauricio Macri negocia en el Congreso un fuerte ajuste fuerte para 2019 y ya afronta viejos reproches de los gobernadores peronistas, entre ellos Carlos Verna, como los fondos que la Nación le gira a Aguas y Saneamientos Bonaerenses (Aysa) para que preste servicio a la Ciudad de Buenos Aires y 25 partidos del conurbano.
La ley para suavizar tarifazos aprobada en Diputados limita esa ayuda, porque obliga a la Nación a igualar la tarifa social de agua potable para todo el país.
Aysa es una empresa nacional que brinda servicios de agua y saneamiento en la Ciudad y 25 distritos del conurbano. Los gobernadores quieren que la financie Vidal y Larreta. Y en la ley contra los tarifazos le exigieron a Macri nacional la tarifa social.
O sea, si fuera sancionada y promulgada Macri debería girar a cada empresa provincial o municipal el dinero necesario para cubrir el servicio con una tarifa de 100 pesos bimensuales, que es lo pagan más de 300 mil usuarios de Aysa, el 10% del total. El resto paga poco más de 400 por bimestre, menos que en la mayoría de las provincias.
«El 70% de los subsidios nacionales son para el Gran Buenos Aires, una buena parte por transporte y por Aysa, que es una empresa nacional que opera en esa zona», se quejó ante La Política Online el diputado de La Pampa Sergio Zillioto, autor del proyecto que el miércoles comenzará a tratar el Senado.
En Cambiemos dicen que el Gobierno aporta sólo 400 millones de pesos por la tarifa social de agua y que Aysa logrará equilibrio operativo en 2019, o sea, el tesoro dejará de pagar sueldos y logística.
Pero sí infraestructura, una apuesta fuerte de Mauricio Macri, espantado por la falta de cloacas y de agua potable en el Gran Buenos Aires.
Este año, que no es electoral, Aysa invertirá 1000 millones de dólares en infraestructura, una mitad mediante la emisión de obligaciones negociables y la otra con fondos del presupuesto y préstamos de organismos internacionales.