La Asociación Trabajadores del Estado denunció públicamente que los asistentes idóneos se desempeñan en las escuelas de la provincia en «condiciones sumamente precarias» y son «ignorados» por las autoridades. Piden ser pasados a planta permanente o contratados.
La situación de estos profesionales fue planteada en una conferencia de prensa en el gremio, que fue encabezada por la dirigente de ATE Blanca Oyarzún.
Los acompañantes idóneos en La Pampa dependen del Ministerio de Salud. Se desempeñan en las áreas educativas, de discapacidad y de adicciones. Cobran por cupo y el salario promedio es de 6 mil pesos mensuales. Están dentro de un programa que se llama «Incluir Salud».
«Los importes que cobramos no se actualizan desde 2016. Quienes trabajamos en el sistema educativo cobramos 61,50 pesos la hora. Los pagos no se realizan a término, generalmente tardan 120 días, y tenemos que ser monotributistas», dijo la vocera del grupo, Jaqueline Tobares.
Son considerados por el Estado como prestadores de servicios y si se enferman o no pueden asistir a la escuela, les descuentan el día.
«El programa Incluir Salud es un programa nacional para personas con discapacidad. Dentro de todas las coberturas una de ellas es la asistencia dentro de las instituciones educativas. No dependemos del Ministerio de Educación, sino de Salud», dijo.
Son alrededor de 200 personas en la provincia las que están en esta situación. Además de los asistentes idóneos, el reclamo incluye a los acompañantes terapéuticos que se desempeñan en Adicciones.
«Lo que pedimos es pasar a planta o por lo menos tener un contrato», agregó Tobares.
En las escuelas, los asistentes idóneos tienen como función acompañar al alumno con discapacidad durante su permanencia en la institución educativa y en las actividades que la misma desarrolla, colaborar con el personal docente en la organización de las rutinas escolares que involucren al alumno, favorecer la participación y la relación del alumno con sus pares y con el resto de la comunidad educativa.
El objetivo es propiciar la plena inclusión de las personas con discapacidad a la educación obligatoria, a fin de hacer efectivos los derechos de las mismas.