El intendente Leandro Altolaguirre dijo que el fin de la modificación a la ordenanza que habilitó la posibilidad de que las empresas instalen antenas de telecomunicaciones en espacios públicos es que el municipio recaude por la colocación de este tipo de estructuras. “Es un momento de arcas flacas y el municipio tiene que recaudar para prestar los servicios”, dijo. “La ciudad está sembrada de antenas y ninguna tributa al municipio”, agregó.
El jefe comunal salió a hablar del tema luego de que ayer el concejo deliberante aprobara por mayoría y a las apuradas –el único que votó en contra fue el concejal radical Miguel Bravo-, una modificación de una ordenanza que habilita al municipio a firmar convenios de arrendamiento con cualquier empresa de servicio de telecomunicaciones que necesite un lugar donde instalar antenas.
La normativa establece que las locatarias deberán realizar obras de mejoramiento, que disminuyan el impacto visual, prestar el servicio gratuito de internet inalámbrico, se encargarán del mantenimiento del lugar para su disfrute público y costearán la instalación y pago de la iluminación del lugar.
Además, abonarán mensualmente, por cada metro cuadrado utilizado, el valor de 1,8 UF (cada Unidad Fiscal equivale al valor de un litro de nafta especial).
Para la Cooperativa Popular de Electricidad detrás de esta medida están Clarín y Telecom, que pretenden ampliar su mercado de telecomunicaciones en momentos en que la entidad solidaria está luchando para brindar el servicio de telefonía móvil.
Mucho ruido
Altolaguirre fue consultado por Diario Textual al respecto y consideró que “es más el ruido que se generó que otra cosa”.
“En la ciudad hay muchas antenas en terrazas de edificios que no están tributando al municipio y lo deben hacer por el uso del espacio aéreo y las señales”, dijo.
“No se van a poner en cualquier plaza, pueden ser en espacios públicos o en terrenos municipales”, aclaró.
“El proyecto se venía tratando hace tiempo y no creo que haya habido tanta celeridad”, dijo.
Clarín y Telecom
Salió al cruce del presidente de la CPE, Alfredo Carrascal, que denunció públicamente que detrás de esta medida están Clarín y Telecom.
“Hay muchísimas empresas, que no tienen nada que ver con las empresas de telefonía. Son distintos proveedores, como hay distintos proveedores de televisión, de wifi y telefonía. Lo que se hizo es un marco regulatorio para que si quieren venir puedan hacerlo pero con el Estado, con lo cual vamos a recaudar fondos en un momento de arcas flacas”, justificó.
Necesidad de cubrir demandas
Altolaguirre dijo una y otra vez que el municipio “lo que necesita es recaudar para poder brindar servicios a los vecinos”, como una forma de explicar la sanción de la polémica ordenanza.
“De la misma manera que un privado contrata una terraza de un edificio, la ordenanza da la posibilidad de que el proyecto se instale en un espacio público y pague un canon”, sostuvo.
Contra Bravo
El jefe comunal arremetió contra el concejal radical Miguel Bravo, que fue el único que votó en contra del proyecto de ordenanza porque, dijo, generaba suspicacias.
“No sé lo que puede pensar Bravo. No es una de las personas que más ha estado participando de los debates”, dijo.