La Cámara de Diputados de La Pampa sancionó por unanimidad el nuevo marco legal que regirá sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos provinciales. Esta ley, sumada a la ya sancionada ley de patrimonio cultural 2083, confieren a la Secretaría de Cultura la responsabilidad de velar, tanto por la conservación e investigación de estos bienes, como por el acceso y disfrute de este patrimonio por parte de toda la comunidad.
“La Secretaria de Cultura celebra la sanción de esta ley que nos permitirá a todos los pampeanos contar con herramientas para proteger y gozar de nuestro patrimonio, camino que deberá ser iniciado entre todos y juntos a municipios y comunidad”, dijo Adriana Maggio, secretaria de Cultura.
Además, recordó que la totalidad de los objetos, yacimientos y sitios que conforman el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de La Pampa, revisten carácter de bienes públicos provinciales bajo tutela de Estado Provincial.
Desde su origen en 2013, la iniciativa de esta ley buscó complementar en el ámbito provincial las garantías otorgadas por la Constitución Nacional (dominio provincial de los bienes, Art. 41; derecho de los pueblos originarios en participar de la gestión del patrimonio cultural de sus antepasados, art. 75 inc. 17), el Código Civil (dominio público de los bienes, art. 2.340 inc. 9) y la Ley Nacional 25743/03 “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”.
“En otras palabras, el móvil principal de la presente ley fue adecuarse a la legislación nacional vigente, incorporando con especial énfasis una normativa que diera respuesta a las particularidades, necesidades y tensiones existentes en el ámbito de nuestra provincia”, sostuvo la funcionaria.
Maggio expresó que el proyecto de la nueva normativa comenzó a tratarse desde hace unos años, entre el área de Cultura del Gobierno de La Pampa junto a la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural (APCPC), mediante un proceso ampliamente participativo, el cual incluyó la realización de diferentes talleres y encuentros.
El resultado de los talleres fue un proyecto de ley consensuado por las partes y al mismo tiempo acorde al marco legal nacional y demás normativas vigentes, dado que contó con las correcciones y aportes del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), autoridad de aplicación nacional en materia arqueológica.
Puntos
La nueva legislación sancionada brindará herramientas operativas para evitar excavaciones no autorizadas, la tenencia privada, y el tráfico ilícito de estos bienes, que como se señaló, pertenecen al patrimonio público provincial.
Asimismo, ordenará los derechos y responsabilidades del estado provincial en la administración de un recurso potencialmente estratégico para su desarrollo económico y cultural. Por otro lado, estimulará las investigaciones sobre este tipo de patrimonio, estableciendo criterios y normas claras favoreciendo la incorporación de múltiples grupos de investigación sumados a los ya existentes.
Maggio destacó dos características de esta nueva ley: primero, el ámbito ampliamente participativo en que se gestó la ley, llegando a un consenso en donde intervinieron todos los actores implicados y el otro aspecto, es que La Pampa sería la primera provincia que reconoce explícitamente en una legislación el derecho de los pueblos originarios a participar en la gestión de su patrimonio.
Importancia
Los restos paleontológicos pertenecientes a organismos que habitaron nuestro remoto pasado, así como los vestigios arqueológicos dejados por las distintas culturas preexistentes, representan la base empírica para comprender los procesos geológicos, biológicos y socio-culturales que determinaron nuestra historia como especie, como pueblo y como individuos.
De esta manera, las distintas disciplinas científicas abocadas a la investigación de aquellos bienes que constituyen el patrimonio arqueológico y paleontológico, no solo brindan herramientas esenciales para comprender la profundidad y complejidad de los fenómenos históricos que condujeron a la conformación de nuestro presente, sino que además, regulada por normas que garanticen su correcta conservación, una gestión participativa de estos bienes posibilita el desarrollo de nuevos emprendimientos educativos, ecoturísticos e histórico-culturales, renovando y jerarquizando las ofertas turísticas regionales existentes (incremento de los acervos museológicos existentes, nuevos centros de interpretación, destinos y circuitos).
El ejercicio de este tipo de políticas patrimoniales abiertas favorece la incorporación de nuevos recursos y actores para el desarrollo de las economías locales (operadores y guías, servicios gastronómicos y hotelería, mercados artesanales, etc.).