Diputados de Cambiemos presentaron un proyecto de declaración, en el que le solicitan al ministro de Desarrollo Territorial, Martín Borthiry, que «ratifique» o «rectifique» si es cierto que empresarios intentaron hacer «lobby» para colocar antenas de telecomunicaciones en la provincia. Cambiemos -cuyos funcionarios nacionales se caracterizan precisamente por esta práctica- vincula el «lobby» al delito.
Borthiry dijo el sábado pasado, en Radio Textual (FM Sonar), que representantes de una empresa vinculada a Ángelo Calcaterra -primo del presidente Macri- lo visitaron para que hiciera lobby entre los intendentes. «Por supuesto que les dije que no”, manifestó el ministro.
El proyecto es autoría de Josefina Díaz. Según publicó Infohuella, también lleva la firma de los legisladores Adriana Leher, Maximiliano Aliaga Souto y Héctor Fassini.
Para Díaz, hacer «lobby» es incurrir en un delito. Y, en ese marco, el funcionario que supiera de un delito tiene la obligación de denunciarlo.
Borthiry revela que una empresa vinculada a Calcaterra le pidió lobby por las antenas
La polémica por las antenas se inició hace casi dos semanas, cuando el concejo deliberante santarroseño -por mayoría- aprobó una modificación de una ordenanza que habilita al municipio a firmar convenios de arrendamiento con cualquier empresa de servicio de telecomunicaciones que necesite un lugar donde instalar antenas. Recientemente la norma fue promulgada por el intendente Leandro Altolaguirre (Cambiemos).
En la capital, los operadores privados de telefonía están colocando antenas en lugares alquilados o comprados a privados. Sin embargo, adujeron serias dificultades para conseguir más espacios. Ahora, con estos cambios, podrán instalar las antenas también en espacios verdes que no estén consolidados como plazas o paseos públicos.
La norma, que se aprobó en tiempo exprés y en medio de un lobby empresarial, fue cuestionada por las cooperativas. Para la CPE detrás de esta norma están Clarín y Telecom, que pretenden ampliar su mercado de telecomunicaciones en momentos en que la entidad solidaria está luchando para brindar el servicio de telefonía móvil.
El presidente de la entidad solidaria, Alfredo Carrascal, había pedido una audiencia con Altolaguirre para que diera marcha atrás con la ordenanza.Pero el jefe comunal no lo recibió y decidió avanzar con la promulgación.
Un total de 26 localidades de La Pampa, entre ellas Santa Rosa, ya dictaron o modificaron ordenanzas para habilitar la instalación de antenas de telecomunicaciones 4G. Se trata de Speluzzi, Santa Isabel, Dorila, Miguel Cané, Rolón, Realicó, Victorica, Quetrequén, Quemú, Riglos, Monte Nievas, Metileo, Jacinto Arauz, Quehué, Macachín, Luiggi, Campos, Guatraché, Anguil, Catriló, Doblas, Algarrobo, Alpachiri, Alta Italia y Trenel.