La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación presentó este miércoles en una reunión entre La Pampa y Mendoza sus planes de obras para dar agua del río Atuel al oeste pampeano. Propone un caudal inicial de 2,2 m3/s. y un valor de referencia de 3,2 m3/s, cuando nuestra provincia reclama 4,5 m3/s.
La propuesta, en el marco de un nuevo encuentro de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferir (Ciai), llegó a seis días de que se termine el plazo que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que haya un acuerdo.
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Nación aportará 700 millones para obras. Adoptó parte de la propuesta de Mendoza como generar mayor caudal a través de pozos.
Según el secretario Pablo Bereciartua, con su propuesta apunta a tratar de arribar con “intervenciones inmediatas” a un valor inicial de 2,2 metros cúbicos por segundo. Mendoza había propuesto un mínimo de 1,3 m³/s y La Pampa exigía un caudal mínimo de 4,5 m³/s. El valor mínimo de referencia al que pretende llegar Nación es de 3,2 m³/s.
Además, la secretaría pondrá a disposición un monto de 700 millones de pesos como contraparte nacional, asumiendo una proporción tope del 70% para implementar las obras consensuadas. Esos fondos saldrán Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (Fondo Hídrico).
Para sostener los caudales proponen una batería de pozos (agua subterránea) y obras de captación de agua de lluvia (agua meteórica), encauces e impermeabilizaciones, y mejora en la capacidad de regulación.
Además, Bereciartua propuso «medidas estructurales» para sostener los caudales acordados por las jurisdicciones y para eso categoriza las obras en primera, segunda y tercera generación, según el nivel de importancia e impacto.
A su vez propuso “medidas no estructurales”, con las que se prevé la Conformación de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA) con participación del Estado Nacional, la creación de un Consejo Consultivo, la creación de un Grupo de Trabajo para hacer un seguimiento de las inversiones y un grupo de Evaluación de Eficiencia de Riego para la implementación de medidas de innovación tecnológica.
La propuesta de la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas tiene varios aspectos: mejoramiento de la oferta hídrica, sostenibilidad de los caudales fijados/acordados por las jurisdicciones; fortalecimiento institucional para la gobernanza de la cuenca y adaptación a los extremos climáticos.
En relación a la determinación de un caudal hídrico, Nación sostuvo que “se ensayaron una serie de evaluaciones sobre expresiones conocidas, las que arrojaron una dispersión de resultados, los que luego de descartar los valores extremos y promediarse se obtuvo un valor mínimo de referencia de 3,2 m³/s”.
“La propuesta consiste en tratar de arribar con intervenciones inmediatas a un valor inicial de 2,2 m³/s, para luego una vez definido y consensuado pueda alcanzarse, a través de todas la acciones que se identifiquen como necesarias, el o los valores asociados a la recomposición del ecosistema, que podría aproximarse al valor antes mencionado”, dijo.
La SIPH pondrá a disposición un monto de $ 700 millones como contraparte Nacional, asumiendo una proporción tope del 70% para la implementación de aquellas obras consensuadas por las tres jurisdicciones, necesarias para alcanzar los objetivos.
“La fuente de este recurso es el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (Fondo Hídrico) y estará a disposición inmediata de acuerdo a los requisitos exigidos por el mismo. Ante la necesidad, este aporte podrá ser incrementado, de acuerdo a la disponibilidad del momento y con una proporcionalidad a definir entre las jurisdicciones, para el completamiento de las obras”, expresó.
Estableció “obras de primera generación”, que son definidas como “estratégicas, prioritarias e inmediatas para el cumplimiento de la manda” de la CSJN. “Tendrán un impacto significativo, directo e inmediato con impacto regional”.
En este rubro incluyó la ampliación de la oferta hídrica; agua subterránea: batería de pozos; agua meteórica (obras de captación de agua de lluvia); mejora en la conducción del cauce principal, encauces e impermeabilizaciones y mejora en la capacidad de regulación y reservorios.
Otras obras son de “segunda generación”, y comprenderán “impactos positivos, indirectos, plazo intermedio y alcance regional para el cumplimiento de la manda” de la CSJN. “Dependen de acciones no estructurales como complemento”, sostuvo.
Además definió “obras de tercera generación”, que incluyen las de “impacto positivo, indirecto, a largo plazo y de alcance local”.
“Dependen fuertemente de las acciones no estructurales complementarias. Mayormente asociadas al cumplimiento de objetivos locales o de microrregiones”, sostuvo.