El diputado nacional Daniel Kroneberger (UCR-La Pampa) presentó un proyecto para modificar la Ley 25.320 llamada ley de fueros que prohíbe el allanamiento de los domicilios y oficinas de legisladores, funcionarios y magistrados sujetos a desafuero.
La iniciativa establece que cuando por parte de juez nacional provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un funcionario público sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión.
El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad, pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político.
En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el imputado no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello, el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión.
El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles.
El tribunal podrá ordenar todas las medidas de prueba que considere pertinentes.
En los fundamentos, Kroneberger planteó: «¿Cómo es posible que el poder judicial lleve adelante una causa hasta su conclusión definitiva, lo que supone poder llevar adelante una investigación y realizar toda la prueba necesaria, si tiene limitadas sus posibilidades de hacerlo?. Digo esto porque suponer que es posible hacer un allanamiento que sea efectivo notificando antes a la Cámara y solicitando su autorización es una falacia. Es obvio y hasta pueril suponer que es posible hacer un allanamiento anoticiando antes al sujeto investigado. No resiste análisis”.