El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa comenzó este martes el juicio al intendente de Macachín, Jorge Cabak (PJ), por los casos de trata de personas en el prostíbulo La Chicho Show. Una novedad: en la investigación se hicieron escuchas telefónicas, con indicios de los delitos cometidos, pero los 36 cassettes se «perdieron» y nadie sabe dónde están.
El jefe comunal no es el único imputado. Hay otros seis, entre ellos el comisario mayor Hugo Iglesias. «Por consejo de mi defensora (Mirta Brown), no voy a declarar por el momento», dijo el jefe comunal ante los jueces.
Cabak y el excomisario del pueblo Hugo Mario Iglesias están acusados de los delitos de incumplimientos de los deberes de funcionario público y de partícipes necesarios del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
Otro de los principales acusados es el dueño del prostíbulo, Luis Daniel De Luca -hoy radicado en Mar del Plata y con una agencia de quiniela-. También están en el banquillo Esmundo «Dito» Blas -exconcejal de Macachín y actualmente residiendo en Bolívar, donde tiene un restaurante- y Leandro Otero -transportista de Macachín- como coautores junto a De Luca de los delitos de trata con fines de la explotación sexual.
Maximiliano De Luca -hijo de Luis Daniel, que trabaja en Mar del Plata- y Oscar Moya -remisero de la localidad-, en tanto, están imputados como partícipes necesarios del delito de trata.
La Chicho Show es un recordado prostíbulo que funcionó hasta 2011. Era propiedad de De Luca, junto a otros socios. Allí, incluso, hace un año se realizó una excavación en búsqueda de posibles restos de Marita Verón, la joven tucumana que cayó en manos de una red de trata y permanece desaparecida.
Las acusaciones a Cabak e Iglesias
La Fiscalía Federal de Santa Rosa acusó a Cabak y a Iglesias de dar protección a una banda dedicada a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo.
¿De qué acusó al jefe comunal del peronismo? “Conociendo cabalmente lo que sucedía en el local nocturno ‘La Chicho Show’, no solo mantuvo la habilitación municipal sin realizar gestión alguna para que fuera revocada, sino que además no vetó el artículo 2° de la Ordenanza 446/09, lo que le permitió a los dueños del mismo seguir con la actividad que allí se desarrollaba y rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas en ese lugar”, dijo la fiscalía. “Con todo ello, Cabak realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado, pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse”.
También aseguró que Iglesias conocía “la actividad de prostitución” que se desarrollaba en La Chicho Show. Eso, dijo, se ha demostrado a través del contenido de los diálogos telefónicos y también en los dichos de Cabak. “Se comunicaba asiduamente con el comisario Iglesias ya que éste le avisaba cada vez que fichaba a una mujer, para que ésta prosiguiera el trámite en la Municipalidad y de los propios dichos de Iglesias puesto que afirmó haber realizado controles prácticamente diarios en el cabaré sin advertir anormalidad alguna o que allí hubiera prostitución”, dijo.
“A la luz de las constancias asentadas en el acta de allanamiento, relativas a las condiciones edilicias y de funcionamiento de ‘La Chicho Show’ en particular, la existencia de habitaciones contiguas al local comercial que, evidentemente, eran utilizadas para la realización de los denominados en la jerga ‘pases’ cabe preguntarse ¿por qué nunca se informó a la autoridad judicial sobre la situación de prostitución bajo las cuales estaban las mujeres que allí se encontraban, cuando, por lo menos, ello representaba una infracción a la ley 12.331? La respuesta, en base a la prueba colectada y antes expuesta, no es otra que la connivencia de Iglesias”, manifestó.
Testigos
La primera testigo en declarar fue la subcomisaria María Belén Pérez Fassi. Dijo que, cuando trabajaba en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I, se acercó una persona que los alertó de la trata en Macachín y otras localidades, donde «rotaban» a mujeres del país y extranjeras para explotarlas. Incluso comentó que había menores de entre 15 y 17 años, a las que prostituían en casas de Macachín. «Me dijo que por los controles, a las menores no las tenían en La Chicho Show», expresó.
Finalmente allanaron el lugar a fines de 2011. Dijo que en el predio -de poco más de una hectárea- se encontraba el local nocturna, la casa de las chicas explotadas y las viviendas del dueño y del encargado. También había un stud.
«Al momento del allanamiento, no había ninguna chica. Había cerrado unas semanas antes», sostuvo. Dijo que encontraron profilácticos y libretas sanitarias.
Sostuvo que, en otros controles, pudieron entrevistarse con las jóvenes. «Algunas nos dijeron que habían estado en otros locales de Delucca, en Salliqueló y Guaminí», dijo. También tenía locales en Pigué y Guatraché.
«Ellas decían que eran coperas. Que los clientes le pagaban la copa. Ninguna refirió de las relaciones sexuales», sostuvo.
Hay otro dato: se hicieron escuchas telefónicas, pero los 36 cassettes se perdieron. Solo quedaron constancias por escrito. «Yo a los cassettes los envié al Juzgado Federal», dijo Pérez Fassi. Sin embargo en el Juzgado Federal dijeron no recibir los cassettes: no tienen constancia en los cuadernos de recibo.
A su vez, luego declaró el comisario Carlos Chico, jefe de la Brigada de Investigaciones en 2011. El jefe policial dijo que el mismo Iglesias le había comentado que el cabaret era de De Luca pero estaba a nombre de un testaferro. «Era como una pantalla», dijo.