El Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de La Pampa rechazó públicamente el proyecto del gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad penal. Consideró que en La Pampa no se justifica su aplicación ya que la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es prácticamente mínima y pidió dar un debate amplio, público y sistemático.
«Nuestra postura se explica, en primer lugar, porque, como ya lo hemos expresado en oportunidades anteriores, este intento significaría un retroceso a nivel convencional y constitucional. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores que signifiquen el menoscabo de un derecho conquistado. Los Derechos Humanos solo admiten modificaciones que signifiquen la ampliación de los mismos, nunca su menoscabo», expresó el MPF.
Sostuvo que la baja tiene como única finalidad «el castigo» para los más chicos y consideró que en La Pampa «no se justifica» su aplicación, ya que es mínima la cantidad de adolescentes que cometen delitos.
«Regresar a una edad establecida por la última dictadura y reformulada en democracia como una ampliación de derechos no puede nunca invocarse como integrando el catálogo de protección de derechos de niñas y niños, sino únicamente como castigo. Esta finalidad parece ser la única que contempla este nuevo impulso estatal», agregó.
«La ampliación del poder punitivo del estado tampoco se justifica en una provincia como La Pampa, donde la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es prácticamente mínima. Los datos oficiales de todo el país corroboran históricamente esta evidencia, lo que la torna absolutamente ociosa la medida en materia político criminal», sostuvo.
«Ello -continuó-, toda vez que los resultados esperables son de una mayor inseguridad, habida cuenta del deterioro de las condiciones de encierro en todo el continente en materia de salvaguarda de derechos humanos de las personas privadas de libertad. La cantidad de hechos violentos que acontecen en esos ámbitos debiera ser materia de preocupación prioritaria por parte de todas las agencias involucradas en el tema».
Y agregó: «La Argentina es signataria del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a pesar de lo cual, como decimos, sigue siendo muy grave la situación en los contextos institucionales de privación de la libertad, debiendo preocupar especialmente aquellos donde se alojan niñas y niños eufemísticamente denominados “en conflicto con la ley penal”, cuando en realidad se trata de colectivos vulnerables desafiliados y desamparados por las políticas públicas oficiales».
«Para colmo de males, nuestro país no termina de poner en vigencia los mecanismos oficiales de visita a estos espacios cerrados con el objeto de prevenir este tipo de abusos, malos tratos o, lisa y llanamente, torturas».
«En lo que hace específicamente a la problemática juvenil, creemos que, a contramano de la direccionalidad que expresa la tentativa oficial, se impone la puesta en vigencia de formas alternativas, superadoras y no punitivas de resolución de estas conflictividades, antes que reincidir en la puesta en práctica de un sistema de control penal más riguroso, justamente por su histórica connotación selectiva y criminalizante, cuyas víctimas provienen generalmente de los sectores más vunerados de la sociedad».
«Cualquiera sea la finalidad última del proyecto, creemos que es necesario dar un debate amplio, público y sistemático en materia político criminal en todo el país, donde la cuestión de la responsabilidad penal juvenil sea materia de abordaje específico. Sobre todo, cuando nos encontramos en un contexto histórico internacional particularmente sensible donde se asiste a múltiples prácticas y arrebatos gubernamentales destinados a conculcar derechos de los sectores sociales más débiles y se habilitan discursos compatibles con pulsiones racistas, xenófobas, clasistas, intolerantes, patriarcales, segregacionistas y aniquilatorias», concluyó.