La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en una resolución firmada este martes, ordenó al Juzgado Federal de Santa Rosa que investigue si es cierta una denuncia que realizó un veterinario, que aseveró que una fundación sanitaria habría vendido miles de dosis de vacunas contra la fiebre aftosa que debía colocar en los departamentos de Limay Mahuida y Utracán.
La denuncia fue realizada en 2016 y tuvo cierta trascendencia periodística. Pero fue ventilada públicamente, otra vez, en los últimos días en medio de la campaña electoral: uno de los dirigentes de la fundación es candidato en Acha.
Igual este martes, más allá de la pujas e intereses políticos, intervino el máximo organismo judicial del país: ordenó que debe investigar, al menos por ahora, el Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo de Juan José Baric, según la resolución a la que accedió Diario Textual.
La competencia era negada tanto por el Juzgado de Control de Acha ni el Juzgado Federal. Por eso intervino la CSJN.
El 18 de diciembre de 2018, el procurador Eduardo Casal dijo que, en principio y por ahora, deberá intervenir la Justicia Federal. “Pienso que el objeto procesal de la pesquisa aparece por ahora difuso en tanto que, más allá de no haberse dispuesto medidas concretas relacionadas con dicha institución, ni agregado documentación que arroje luz a su respecto, debe tenerse en cuenta además que, frente a la multiplicidad de circunstancias que comprende la denuncia podría, existir más de una calificación posible (…) En esas condiciones, opino que corresponde al juzgado federal que tomó conocimiento de la notitia criminis incorporar los elementos necesarios para darle precisión, sin perjuicio de la solución que ulteriormente pudiera adoptarse en orden a la competencia material”, dijo. Esa argumentación fue respaldada este martes 14 por los jueces de la Corte.
El denunciante es Omar González, un veterinario. Le apuntó a la Fundación para la Sanidad Animal de Utracán (Funsadu) y a funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa).
Según su acusación, la falta de control del Senasa generó un excedente de vacunas que se habrían comercializado nuevamente, cuando, en realidad, se habrían registrado como utilizadas.
El médico veterinario recientemente dijo, al sitio web Infohuella, que estimó que hubo unas 600 mil vacunas que se cobraron como puestas y luego se revendieron a productores rurales. Ahora la Justicia deberá establecer si es o no cierta esa acusación. Por el momento no fue posible contactar a las autoridades de la fundación para que ofrezcan su versión.
