El Tribunal Oral Federal de La Pampa no se movió de la jurisprudencia que había sentado en 2010: los secuestros y torturas cometidos en la provincia en los ’70 y ’80 por parte de militares y policías no fueron de «genocidio», sostuvieron los jueces, por mayoría, en la lectura de hoy del Juicio de la Subzona 14 II. Lo que hubo, dijeron, fueron crímenes de lesa humanidad.
Los jueces José Mario Tripputi y Marcos Aguerrido no aceptaron la calificación de genocida. El presidente del TOF, Pablo Díaz Lacava, votó en disidencia.
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Franco Catalani, uno de los abogados de la querella, adelantó que impugnará ese punto. «Vamos a reclamarlo en casación», adelantó.
¿Por qué para las querellas estos delitos debían ser calificados como delitos de «genocidio»? Es que, dijo, la dictadura buscó «destruir» en forma intencional, total o parcialmente, a un grupo humano. Según dijo Catalani, se pretendió «el debilitamiento sistemático» de las víctimas y que existieron «acciones permanentes del aparato de poder estatal destinados a eliminar a un grupo y todo tipo de evidencias» de los delitos. «Los subversivos eran dirigentes políticos, gremiales y religiosos que militaban por un país distinto, y eran los que estaban incluidos en el grupo a eliminar, de acuerdo a la referencia negativa del proceso», argumentó.
Juan Carlos Pumilla, una de las víctimas y querellante, dijo estar «feliz» por el fallo, pero disconforme con que no se haya contemplado el genocidio. «Pelearemos por eso en otra instancia», adelantó.
«Falta genocidio. Falta eso», dijo Nora Cortiñas, histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo. «La lucha sigue».
«Hoy estamos ante un fallo histórico. Hubo condenas de 25 años e incluso un médico policial fue condenado», expresó.
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En este proceso hubo 14 imputados -exmilitares y expolicías-, que fueron acusados de haber secuestrado y torturado a 234 personas entre 1975 y 1982. Los casos ocurrieron hace unos 40 años.
Las penas más duras recayeron en el exjefe de la Policía, Luis Baraldini, y el exsecretario general de la Gobernación, Néstor Greppi, a 25 años de prisión.
El médico Máximo Pérez Oneto, en tanto, se convirtió en el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad a 16 años de prisión. Uno de los imputados, Luis Lucero, fue absuelto.
Los jueces, en la sentencia, ordenaron la inmediata detención de todos los condenados y que se notifique ante la posibilidad de la unificación de las penas.
También se pondrá en comunicación a todas las víctimas que integraron el proceso y a las instituciones provinciales y nacionales correspondientes y al Colegio Médico por las peticiones que hicieron la fiscalía y las querellas como medidas de garantía de no repetición de los hechos.