El presidente Mauricio Macri autorizó, mediante el Decreto 609/2019 publicado este domingo en una edición especial del Boletín Oficial, al titular del Banco Central, Guido Sandleris, a establecer un control de cambios y plazos máximos a los agroexportadores para el ingreso al país de las divisas obtenidas por sus operaciones. Ambas medidas dan cuenta de la magnitud de la emergencia económica y la decisión del mandatario de evitar un deterioro terminal de la situación. Ante ese escenario posible, desempolva un instrumental del que abjuró a lo largo de toda su carrera política y que siempre adjudicó a lo que denomina “populismo”.
En concreto, el tope mensual de compra para personas humanas es de 10.000 dólares, esto es unos 600.000 pesos, lo que deja indemne al 95% de los argentinos con capacidad de adquirir divisas, reveló el portal Letra P.
Por esa razón, de acuerdo con lo averiguó Letra P, en el Gobierno se negarán a hablar de “cepo” y diferenciarán esta medida, que cuenta con un parámetro objetivo, con la aplicada en tiempos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, en la que las operaciones dependían de autorizaciones poco claras de la AFIP, señalará el discurso oficial.
“Se trata de medidas para proteger el mercado cambiario y a pequeños y medianos ahorristas”, le dijo a este portal una alta fuente de la Casa Rosada que salió a defender la impactante decisión.
El decreto se fundamenta en “los recientes acontecimientos económico-financieros desencadenados, de público conocimiento, y (en) la incertidumbre generada en el marco del proceso eleccionario en curso” Ante eso, señala que “es necesario adoptar medidas transitorias y urgentes para regular con mayor intensidad el régimen de cambios y, de esa forma, fortalecer el normal funcionamiento de la economía, contribuir a una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real”.
El texto recuerda, después de tres años y ocho meses de gestión, “que, conforme surge del inciso b del artículo 29 de su Carta Orgánica, el Banco Central de la República Argentina debe ‘dictar las normas reglamentarias del régimen de cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija’”. “En ese marco -continúa-, es necesario establecer ciertas reglas extraordinarias y transitorias relacionadas con las exportaciones de bienes y servicios, con las transferencias al exterior y con el acceso al mercado de cambios”.
Al pasar a lo operativo, el decreto presidencial establece en su artículo 1 que “hasta el 31 de diciembre de 2019, el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central de la República Argentina”.
Asimismo, el artículo 2 indica que el BCRA, “conforme lo previsto en su Carta Orgánica, establecerá los supuestos en los que el acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera y metales preciosos amonedados y las transferencias al exterior requerirán autorización previa, con base en pautas objetivas en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario y distinguiendo la situación de las personas humanas de la de las personas jurídicas”.
Ambas disposiciones van de la mano, ya que no tendría sentido ponerles un plazo a los exportadores de oleaginosas y cereales para liquidar sus divisas en el mercado si no existe alguna traba para que puedan darse vuelta de inmediato y, con los pesos resultantes de la primera operación, “darse vuelta” para redolarizarlos y sacarlos del país.
Ambos controles implican para Macri bajar dos banderas al mismo tiempo: una, su discurso favorable a la libertad del mercado del dólar, lo que lo llevó apenas asumido en diciembre de 2015 a determinar una salida del llamado “cepo” legado por Cristina Kirchner, algo que por su carácter abrupto implicó un golpe inflacionario en 2016 y, como consecuencia, una reducción del consumo popular y una recesión económica; otra, la decisión, también inicial, de darles a los agroexportadores la posibilidad de liquidar sus divisas en un plazo de hasta diez años.
Con todo, en la emergencia, que en los últimos días implicó incluso una aceleración de una ola de retiros de depósitos en dólares de los bancos, con especial impacto el viernes, opta por un pragmatismo forzado que le permita llegar con algún oxígeno al plazo de entrega del mando, el próximo 10 de diciembre.
De esta manera, Macri busca, con inspiración del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, frenar una sangría de reservas del Banco Central que superó los 900 millones de dólares el último jueves, los 1.900 millones el viernes y los 13.000 millones a lo largo de agosto.