El nuevo gobernador Sergio Ziliotto tendrá en 2020 un presupuesto mayor en un 65% al actual: de 44 mil millones de 2019, ahora se prevé gastar el año próximo un total de $73.526.150.740, pudo confirmar Diario Textual.
El cálculo lo hizo el Ministerio de Hacienda, con Ernesto Franco a la cabeza y ya fue elevado a la Legislatura. Es decir, el mismo equipo que seguirá con Ziliotto.
«El proyecto intenta dar respuesta a las demandas de bienes públicos y financiar las inversiones que se requieren para mejorar la infraestructura social en un contexto complejo económico y social y en un marco de incertidumbre que ya resulta percibido por casi todos los agentes económicos», aclaró.
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«Se espera, al igual que en ejercicios anteriores, que la recaudación sea suficiente para cubrir prácticamente la totalidad de los gastos ejecutados en el mismo plazo, previendo una racionalización permanente de estos últimos. El remanente se atenderá con el uso de superávits acumulados en ejercicios anteriores y con los recursos aportados por el Acuerdo Nación Provincias de fecha 18 de mayo de 2016», dijo.
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Franco hizo una serie de aclaraciones: dijo que, a raíz del recambio de autoridades, se «dificultó» establecer los números certeros. «El recambio constitucional de autoridades que se va a producir el 10 de diciembre, y la falta de definición de algunos integrantes del nuevo gabinete de este Poder Ejecutivo, ha dificultado la tarea de establecer un proyecto de presupuesto más específico en las distintas áreas de gobierno», avisó. «Este recambio también se da a nivel nacional, habiendo el actual gobierno enviado un proyecto de ley de presupuesto que, a la luz de las previsiones macroeconómicas previstas en los últimos años, son de difícil realización», cuestionó. «Con ese marco, lo más razonable hubiera sido, como se ha realizado en todos los últimos recambios de períodos constitucionales, presentar el proyecto en los primeros meses del año siguiente, utilizando el remedo legal previsto esto es, reconduciendo la ley de presupuesto vigente».
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El equipo de Franco resaltó que tenían razón cuando elevaron el año pasado el Presupuesto 2019, pero admitió que se equivocaron al no prever que el espiral de la crisis se iba a acelerar dramáticamente. «Los errores sistemáticos del gobierno nacional en materia de política económica, fiscal y cambiaria están siendo sufridos por todos los argentinos. La deuda con el exterior ha vuelto a ser un roblema para la estabilidad de la macroeconomía del país y, sin que se haya resuelto el problema de la inflación, la amenaza del desempleo abierto y persistente vuelve a estar latente», sostuvo. «Debemos decir que, a las luces de lo acaecido, no nos equivocábamos, aunque tal vez quizás en ese entonces alcanzábamos a visualizar la magnitud y velocidad de la espiralización devaluatoria e inflacionaria en la que se vio sumergida la economía del país en general y de nuestra provincia en particular. Lamentamos profundamente haber tenido razón, pero más aún nos duele que el último párrafo citado siga teniendo relevancia para el futuro, y no sólo que resulta vigente, sino que ha incrementado su probabilidad de ocurrencia, empezando a manifestarse en porcentajes de dos dígitos».
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«Una combinación de hechos económicos, con origen en una política macroeconómica errónea, sin rumbo y diseñada sin contemplar las particularidades propias de nuestra estructura e historia económica terminaron por moldear una triste realidad: los activos y pasivos del país se encuentran a precio de remate y su población se halla cada vez en mayor proporción sumida en la pobreza, en la indigencia; en fin; en la miseria», sostuvo.
«Las restricciones cambiarias, impuestas tardíamente luego de una masiva fuga de capitales, terminaron por cristalizar un nuevo movimiento pendular en la economía, en conjunto con un “reperfilamiento” de los vencimientos de la deuda de corto plazo del tesoro. Este eufemismo, que esconde la realidad de que el país ha defaulteado su deuda, viene a coronar un irresponsable proceso de endeudamiento del sector público que financió no obras sino una gigantesca inconsistencia macroeconómica durante 2017 y parte del 2018. La contrapartida: un incremento desmedido e innecesario de las importaciones de bienes y servicios y de la acumulación de activos externos (léase: fuga de divisas)», expresó Hacienda. «Capitalizadas las ganancias, se socializaron las pérdidas a través de la pulverización del poder adquisitivo del salario. Una vez
más. Y una vez más también se recurrió a la tesis del fracaso colectivo, como si no hubiese quedado claro, mirando la historia de los últimos cincuenta años, qué políticas funcionaron e hicieron crecer al país, y cuales detonaron su quintaesencia, poniendo en jaque la mismísima unidad nacional».
«Ingresando de lleno en la incidencia fiscal del contexto económico, es dable prever que la atención de las necesidades urgentes en materia social (desarrollo social, salud y educación) se visualizan como una prioridad natural en un contexto de crisis, la cual ya está incidiendo en forma generalizada en estratos sociales que hasta hace cuatro años no sufrían carencias
en términos de ingresos», dijo. «Como contrapartida, se verá dilatado el proceso de inversión pública de manera casi inexorable, reforzándose la incidencia del gasto corriente no producto de un estado elefantístico, sino de una situación general que requiere la atención de demandas de tipo inmediato».
«En términos de recursos, el proyecto de ley que se remite, se proyecta que continuará el proceso de disminución de gravámenes iniciado por la Ley 27.430, aunque se debe señalar que las proyecciones podrían variar significativamente, en más o en menos, dependiendo de las características que adopte la nueva política tributaria a nivel federal, así como también la forma en la que se distribuyan las ganancias y pérdidas de recursos, ya fuere por efecto de los sistemas de distribución actualmente vigentes, como consecuencia de modificaciones operadas sobre los mismos», expresó.
«Ante este escenario, el Poder Ejecutivo envía un Proyecto de Ley de Presupuesto que intenta dar respuesta a las demandas de bienes públicos y financiar las inversiones que se requieren para mejorar la infraestructura social en un contexto complejo económico y social y en un marco de incertidumbre que ya resulta percibido por casi todos los agentes económicos», aclaró.