Dirigentes políticos, integrantes de asociaciones de pueblos originarios y militantes de organizaciones ambientalistas de cuatro provincias le pidieron al Comité Interprovincial del Río Colorado (Coirco) que suspenda el proceso de licitación de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento. «No nos cabe duda que afrontamos y se ha iniciado un camino de destrucción de un río, producto de la insaciable voracidad y apoderamiento de Mendoza por el agua, ya demostrada en los usos de sus restantes ríos compartidos», dijeron en una nota firmada por ambientalistas, legisladores, dirigentes ranqueles y concejales de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
Uno de los que motorizó la nota es Néstor Lastiri, de la Asamblea de los Ríos Pampeanos y, desde el 10 de diciembre, secretario de Recursos Hídricos de La Pampa.
La represa se pretende construir sobre el río Grande, el principal tributario del Colorado. La obra tendrá un costo de mil millones de dólares.
Podría afectar la calidad y cantidad de agua del Colorado. Por lo pronto, el Gobierno de La Pampa ha reclamado estudios complementarios de impacto ambiental y que se desarrolle una audiencia pública para analizar el proyecto de la represa hidroeléctrica.
La nota es la siguiente:
Los abajo firmantes, representando a entidades de la sociedad civil ambientales de Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, y por ende a beneficiarios de los servicios ambientales que presta la cuenca del río Colorado, nos presentamos ante este Comité de Cuenca del Río Colorado, por nuestro compromiso con el patrimonio nacional, ambiental, social, económico, cultural, y en relación a las poblaciones originarias a efectos de exponer lo siguiente que es de nuestro conocimiento:
Que la provincia de Mendoza ha planificado la obra de Portezuelo del Viento.
Que la está licitando, convocando y entrenando personal.
Que esgrime un Estudio de Impacto Ambiental parcializado e insuficiente que desestima la desertización de su propio territorio, minimiza los riesgos de sismicidad y vulcanismo, profundiza la dura afectación a su población ancestral ganadera trashumante, acelerando la extinción de su hábitat ambiental social y sociocultural, e igualmente la afectación al ecosistema de aguas abajo y su entorno socio-productivo.
Que por abundante bibliografía documentada, y cuestiones judiciales se registra la lucha que desde hace casi un siglo mantiene La Pampa con Mendoza, donde puede percibirse la avidez y egoísmo de esta última por los recursos hídricos compartidos, con beneficios propios excluyentes de su uso solidario. Así se verifica un cotidiano aprovechamiento unilateral, inconsulto y arbitrario, de la totalidad de los caudales erogados por el río Atuel, provocando un inmenso daño ambiental en una extensa región del noroeste de La Pampa, cuestión trasladable a nuestra cuenca.
Que existe abundante información sobre la actual crisis hídrica y de calidad de los ríos cordilleranos, desconociéndose actualmente la posibilidad de remisión de la misma.
Sin embargo, desconocemos si esa circunstancia ha sido considerada en este Comité de Cuenca, ni si se ha determinado una eventual modificación de los respectivos cupos de agua, tendiente a minimizar los efectos que habrá en los usos actuales y futuros del recurso. Información imprescindible a la hora de proyectar, construir y operar una presa de tal magnitud e impacto. Dicha información debe ser de accesibilidad pública conforme las normativas de información ambiental vigentes.
Que la concesión de Nación a Mendoza de construir y operar una obra de tal magnitud en su territorio, afectando seguramente al recurso en profundidad cuando no catastróficamente, es intolerable en cuanto al desenvolvimiento histórico de este comité de cuenca, y habrá de provocar daños irreparables en forma causalmente adecuada.
Que Mendoza pretenderá, en algún momento, el trasvase de su cupo al río Atuel, como ya lo ha comunicado en diversas ocasiones. Circunstancia que afectará ambientalmente la cantidad y calidad de las aguas de este último, sin que se hubiera mencionado, o logrado, aceptación alguna de su condómino. Ello así por su conducta previa en la actual situación del rio Atuel, hecho público y notorio.
Que hoy día, los usos del río Colorado, están muy afectados por la actual crisis hídrica, desconociéndose que este comité de cuenca haya tenido intervención alguna, o haya modelado, las distribuciones de caudales en las etapas de llenado del embalse. Es altamente probable que esas circunstancias provoquen desastres económicos a los actuales beneficiarios de la cuenca.
Que se desconoce que ese Comité de cuenca haya tomado en consideración esa posibilidad, ni que haya establecido planes de mitigación de la misma o seguros ambientales al efecto. O haya establecido, tanto el origen de los fondos necesarios, como de la responsabilidad de quiénes deben afrontarlos, y mecanismos de resolución acreditados y verificables, no como un catálogo de buenas intenciones sin rigor científico ni garantías financieras, lo cual lo haría incumplible pese a lo escrito.
Que la realización fragmentada -hasta en el propio territorio de Mendoza- del Estudio de Impacto Ambiental de la obra, es una práctica ajena y totalmente desaconsejable en estudios de esta naturaleza.
Que La concesión y la ejecución de un estudio de tal magnitud, en esta forma y por parte de ese comité de cuenca, lo deja expuesto en su legalidad y legitimidad, como así también en sustantividad y contenidos entre el objeto del estudio ( la cuenca) y la tarea transdisciplinar necesaria conforme dicho objeto..
Que resulta el comité de cuenca en su integridad el que debió convocar, seleccionar e instruir a los ejecutores de los estudios de tales cometidos
Por tanto es que percibimos que estamos frente a un armado circunstancial, prepotente y muy difícil de legitimar frente gobiernos y ciudadanos de la cuenca interprovincial.
Siendo ello así los vicios de nulidad frente a la normativa vigente, nos eximen de mayores comentarios, y ese organismo y sus funcionarios serán responsables de los daños ambientales y sociales irreversibles que sucedan en tanto tienen un aviso previo y oportuno.
La completa falta de disponibilidad y flexibilidad de Mendoza para discutir el uso de sus recursos compartidos se refleja en que pesar de la existencia de dos sentencias judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que, transcurridos 32 años de la primera y 2 años de la segunda, en las que se reconocen indubitablemente la interprovincialidad del río, aún no han ameritado que Mendoza se avenga a compartir caudal alguno, para los usos humanos o ambientales, de lo que fue un humedal natural habitado en la subcuenca pampeana del Atuel, hoy convertida en un desierto implacable.
Pese a Que la provincia de Mendoza ha recibido grandes cifras monetarias del patrimonio nacional de los argentinos, para construir obras hidroeléctricas para su beneficio, es de advertir que ello produjo una profunda desertización a toda la cuenca hidrográfica del Desaguadero Salado Chadileuvú Curacó Colorado, en lugar de destinarlas a la eficiencia del uso compartido de los recursos.
De allí que sostenemos con cita de antecedentes objetivos y públicos es que Mendoza sigue manejando sus recursos propios y compartidos con absoluto desprecio por el ambiente atento la desertización provocada.
En definitiva, estas acciones ejecutadas y en ejecución por Mendoza, con la complacencia de Nación, y con desconocimiento de las condóminas del río Colorado, hacen improcedente y colocan bajo una severa sospecha, a cualquier aceptación de los representantes de las respectivas jurisdicciones de COIRCO, para que se siga avanzando en la ejecución del Proyecto Portezuelo del Viento.
No nos cabe duda que afrontamos y se ha iniciado un camino de destrucción de un río, producto de la insaciable voracidad y apoderamiento de Mendoza por el agua, ya demostrada en los usos de sus restantes ríos compartidos.
Es imposible imaginar que esto se pudiera estar haciendo con recursos presupuestarios asignados por el Gobierno Nacional, pero lo cierto es que está pronto a suceder.
Los representantes de las jurisdicciones en COIRCO lo son de sus gobiernos provinciales y no es fácil comprender que, frente al escenario descripto, pueda seguirse sosteniendo el aval de esas provincias a una obra y matriz socio productivo y ambiental tan cuestionado.
Las frecuentes crisis sociales en el mundo lo son por las variaciones del cambio climático las economías, el uso incorrecto de los recursos naturales y las migraciones que causan desplazados ambientales. Todos estos componentes están aquí presentes, no falta ninguno. Todas nuestras provincias reciben importantes contingentes resultantes de las recurrentes crisis mendocinas. Nuestra aceptación de sus políticas, conduciría a tolerar que el fenómeno se agudice a niveles dramáticos y aún, en nuestros propios territorios.
Por la razonabilidad de lo expuesto, se peticiona que hasta no llegar a un consenso pleno entre las condóminas del río Colorado, se suspenda el proceso licitatorio, o cualquier otra acción, que no cuente con el aval de todos sus componentes jurisdiccionales.
Solicitamos ser citados a una audiencia ampliatoria con absoluta urgencia.
Firmantes:
Asamblea de Los Ríos. Néstor P. Lastiri, Roberto D Rodríguez, Pablo T. Ricci
Fundación Chadileuvú. Hector Gomez
Cámara Pastajera. Federico Quiles
Fundación Patrulla Ecológica (Catriel). Carla I. Cabera
Diputada Nacional Electa (R. Negro). Daniela Salzotto
Diputado Provincial Electo (R. Negro). José L. Berros
Diputado Nacional. Ariel Rauschenberger
Diputada Nacional. Melina Delú
Diputada Provincial. Lucrecia Barruti
Comunidades Indígenas. Noelia Ñanculeo
Lonko Comunidad Mapuche. Sonia B. Marú, Ines Lorca
Lonko Newen Mapu (Catriel). Rosa A. Quintana
Intendente 25 de Mayo. Abel Abeldaño
Viceintendenta 25 de Mayo. Vilma Millán
Intendente Electo de Puelen. Alberto Colado
Concejal Puelén. Ramón Vazquez
Concejal 25 de Mayo. Viviana Fernandez
Concejal Cinco Salto. Lucas Molina