Los días de Susana Freydoz en Buenos Aires terminaron. El tiempo en el Penal de Ezeiza también. El asesinato del exgobernador rionegrino Carlos Soria significó para ella una condena a 18 años de prisión, pero antes de cumplir la mitad de esa pena accedió a la prisión domiciliaria y desde la noche del domingo se encuentra en Neuquén, en la casa de una prima.
La autorización para dejar la celda donde estaba desde hace seis años fue firmada el miércoles pasado por el juez de Ejecución Penal de Roca, Juan Pablo Chirinos, informó el diario Río Negro.
Ese día se realizó una audiencia en los Tribunales de Río Negro, de la que participó la intendenta de Roca, María Emilia Soria, quien se convirtió en una de las garantes del cumplimiento de las pautas establecidas por el magistrado para conceder la nueva modalidad de detención. Los otros garantes serán Mariano Valentín, yerno de Freydoz, y la familiar que aceptó alojar a la exprimera dama de Río Negro.
¿Por qué se aceptó la prisión domiciliaria a los ocho años y una semana de la tragedia ocurrida en la chacra de la familia Soria en Paso Córdoba?
La clave está en el artículo 32 inciso A de la Ley 24.660. Ese texto dice que “el juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria… al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”.
Y en la audiencia de la semana pasada, todas las partes coincidieron en que el estado físico y mental de Freydoz tuvo un declive importante durante los últimos meses, configurando una situación que hacía riesgosa su permanencia en la Unidad 27 del Servicio Penitenciario Federal.
“Las condiciones de encierro y sobre todo el desarraigo, con las dificultades para que sus hijos vayan a visitarla, tuvieron un impacto importante en toda su condición de salud”, explicó ayer una fuente con acceso al expediente.
El juez Chirinos, el fiscal Miguel Fernández Jahde y representantes de la defensa pudieron ver a la mujer el año pasado a través de una comunicación por Skype. La semana pasada se intentó tener el mismo contacto, pero no fue posible por cuestiones técnicas, agregaron los voceros consultados.
De todas maneras, los informes presentados fueron suficientes para el magistrado, que autorizó el traslado a la región.
Según se informó oficialmente, Freydoz se encuentra con tobillera electrónica y la supervisión de ese dispositivo estará a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro.
El fallo también consigna que, además de hacer el tratamiento médico, la mujer deberá “observar reglas de conducta como fijar domicilio, notificar cambios si así acontecieran, abstenerse de consumir estupefacientes no recetados o de abusar de bebidas alcohólicas ni cometer nuevos delitos”.
Además, se le impuso la realización de “un estricto tratamiento psicológico” con un médico ya designado “todo ello bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido”.