Un grupo de 15 detenidos, que se encuentran alojados en el Pabellón 5 Bajo de la Unidad Penal 4 de Santa Rosa, presentaron un hábeas corpus porque los penitenciarios no les asignan trabajo.
La Defensoría, a cargo de Carlos Riera, apoyó el reclamo. Dijo que las autoridades penitenciarias demoran los trámites para hacer exámenes médicos y así retardan la asignación de tareas a los presos. «Hay un evidente objetivo de evitar por varios meses el pago del salario», lanzó. De esta manera, les agravan las condiciones de detención.
El caso lo tuvo que resolver el juez Juan José Baric: rechazó el hábeas corpus, cuando ya de los 15 reclamantes quedaban 7 sin la asignación de tareas. Posteriormente, ante una apelación, tuvo que intervenir la Cámara Federal de Bahía Blanca, que confirmó la decisión del juez de primera instancia.
¿Los principales argumentos? Que son normales los retrasos por los pasos administrativos dentro de la penitenciaria e, incluso, en el Hospital Molas, donde se deben realizar los estudios médicos.
Sin embargo, hay una serie de puntos a tener en cuenta. El fiscal dijo que, en este caso, “subyace una práctica generalizada llevada adelante por el órgano administrativo penitenciario que posterga injustificadamente la asignación de un trabajo a los internos ingresantes a la unidad, con un evidente objetivo de evitar por varios meses el pago del salario”.
Por eso había pedido un pronunciamiento de la Justicia para poner fin a estas prácticas del SPF. “La cuestión no pasa por verificar si a la fecha de resolución a parte de los internos accionantes se les otorgó una asignación laboral o si a muchos de ellos se le aceleraran los trámites para acceder a tal afectación (todo ello como reacción ante la intervención judicial), sino que lo que claramente busca esta acción colectiva es obtener un pronunciamiento judicial que ponga un límite de razonabilidad a un ‘mecanismo’ arbitrario que con notoriedad está afectando derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, reclamó.
