El Tribunal Oral Federal resolvió en las últimas horas otorgar, de manera excepcional y transitoria, el arresto domiciliario a Carlos Reinhart, el expolicía pampeano condenado por delitos de lesa humanidad. Así, abandonará la Unidad 4 y se irá a su casa hasta que pase la pandemia del coronavirus.
¿Por qué resolvieron eso los jueces? Porque donde se alojaba, el sector de enfermería, es utilizado para actuar con los protocolos de coronavirus.
«En base a las dificultades excepcionales que se plantean actualmente con el alojamiento de Reinhart, como consecuencia de la activación de los protocolos de detección temprana de COVID-19 en el ámbito penitenciario, y en cumplimiento de las directivas dadas por los órganos superiores y las recomendaciones de organismos no gubernamentales, debemos adoptar sin dilación aquellas medidas que permitan, por un lado, asegurar los derechos y garantías del causante durante el cumplimiento de la pena impuesta, y por otro, coadyuvar en la adopción de las medidas de emergencia que fueron dispuestas para afrontar la actual situación a nivel nacional», fundamentó el TOF.
El secretario de DDHH repudió la prisión domiciliaria de Reinhart
«En base a ello, y ante la imposibilidad de evaluar en la actualidad un traslado del causante a otro establecimiento penitenciario, advertimos necesario modificar transitoriamente la situación de cumplimiento de la pena del nombrado, sin perjuicio de los planteos que se encuentran pendientes de resolver por cuerda separada», aclararon los jueces.
«Entendemos que lo informado por las autoridades de la Unidad 4, sobre las dificultades de alojamiento y aplicación de los protocolos preventivos, como así también la imposibilidad de analizar el traslado del interno a otra jurisdicción, sin perjuicio de su condición preexistente de integrante de un grupo de riesgo, resultan circunstancias atendibles y suficientes para adoptar una medida alternativa excepcional en el caso, sin dilación», agregaron.
Reinhart fue condeando en el juicio de la Subzona 14 1 a 10 años de prisión en 2010 y a 14 años en el juicio de la Subzona 14 II, en 2019. Se comprobó que era uno de los que integraba un grupo de tareas dedicado al secuestro y la tortura de personas durante la última dictadura militar.