Un importante grupo de intelectuales, artistas, investigadores y periodistas firmó una carta que critica al Gobierno Nacional por la extensión de la cuarentena y dice que Argentina vive una «infectadura».
La carta fue impulsada por la científica del Conicet Sandra Pitta y recogió unas 300 firmas, entre ellas, las de los ensayistas Santiago Kovadloff y Juan José Sebreli; el actor Luis Brandoni, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay y el ex ministro de Cultura de la ciudad, Darío Lopérfido, entre otros.
La carta acusa al Gobierno Nacional de haber negado «la existencia del problema» en un primer momento, y de haber desestimado «el planteo de testear, rastrear y aislar casos», además de decretar una «cuarentena en forma improvisada, sin presentar ningún plan ni una posible fecha de finalización».
«En nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la “seguridad nacional”, el gobierno encontró en la “infectadura” un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones», remarca la carta más adelante.
«El desdén por el mundo productivo no tiene antecedente y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza», indica el texto, y advierte que «la democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983».
La carta invita «a redoblar una actitud crítica y vigilante hacia al poder gubernamental» y pide que el presidente sea «responsable» como la sociedad, que «acató las normas y consejos sanitarios».
Aquí, la carta completa:
El mundo enfrenta un momento especial a raíz de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, conocida como COVID 19. Si bien ningún país estaba preparado para esto, la primera reacción del gobierno argentino fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política.
Del mismo modo, se desestimó el planteo de testear, rastrear y aislar casos, no controló a tiempo las fronteras y decretó una cuarentena en forma improvisada, sin presentar ningún plan ni una posible fecha de finalización. Como única explicación se exhibieron logros parciales, al compararse erróneamente con otros países, y mostrando con anticipación supuestos éxitos, cuando debería predominar la cautela y el realismo.
El presidente Fernández anunció que comenzaba “la hora del Estado”, una expresión que recuerda a la famosa frase de Leopoldo Lugones y describe un fenomenal avance en la concentración del poder para eludir cualquier tipo de control institucional.
En nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la “seguridad nacional”, el gobierno encontró en la “infectadura” un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones.
En dos meses, hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda. Miles de argentinos quedaron varados en el exterior y en el interior, mientras provincias y ciudades se han cerrado como condados medievales. Clases suspendidas, enfermos que no pueden seguir sus tratamientos, familias separadas, muertos sin funerales y, ahora, la militarización de los barrios populares.
El desdén por el mundo productivo no tiene antecedente y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza. Los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados.
La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país.
Nosotros, ciudadanos que pertenecemos a varias áreas de la ciencia, al mundo académico, profesional y la cultura general, manifestamos nuestra preocupación y llamamos a grupos y organizaciones de la sociedad civil, partidos, sindicatos, formadores de opinión y medios de comunicación independientes a redoblar una actitud crítica y vigilante hacia al poder gubernamental, aumentando la deliberación y la conversación social sobre las consecuencias del aislamiento obligatorio y exigiendo la presentación de un plan de salida para esta situación anormal.
La sociedad argentina ha mostrado ser responsable a la hora de enfrentar la amenaza de la pandemia. Acató las normas, cumplió los consejos sanitarios y se mostró respetuosa de la ley y sus representantes. Es hora que el presidente haga lo mismo.