Claudio Lozano, director del Banco Nación, dijo a Radio Textual (FM Sonar) que la intervención al Grupo Vicentin es “atinada” porque “estafó a trabajadores, a productores agropecuarios y a la banca pública” de todo el país.
En la semana, el presidente Alberto Fernández decidió intervenir y anunció el proyecto para expropiar Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país, investigada en la justicia por presuntos negociados durante el final del gobierno de Mauricio Macri. Según dijo, el objetivo es rescatar a la firma de la quiebra, desguace y probable extranjerización, y transformarla en un instrumento de gestión potente en los mercados de granos, aceites, alimentos y el dólar.
Vicentin -con 5 mil trabajadores- le debe 300 millones de dólares al Banco Nación y otros mil millones de dólares a otros acreedores, entre ellos bancos públicos -como el BICE, Ciudad y Provincia-, a la Afip y 2300 productores rurales-.
Lozano -quien desde que asumió se dedicó a investigar este negociado en el macrismo- dialogó esta mañana con el programa radial pampeano. «Es una intervención absolutamente atinada para evitar la extranjerización de la empresa y para convertirla ahora en una empresa testigo”, dijo.
Una empresa testigo mejoraría la capacidad del Estado de intervenir en dos áreas muy sensibles de la economía: el acceso a las divisas y el abastecimiento de comida.
De esta manera, compraría el trigo, la soja y el maíz a los productores y administraría las ventas a la molinería a lo largo del año, facilitando al mismo tiempo las operaciones de exportación. También funcionaría como una herramienta de control de la inflación, al transparentar actividades y bajar costos.
El endeudamiento de Vicentin está plagado de irregularidades y Lozano cuestionó a las anteriores autoridades del Banco Nación, con Javier González Fraga a la cabeza. “Fue un crédito tomado en condiciones de absoluta irregularidad”, dijo.
“En abril de 2019, a Vicentin ya prácticamente se le había vencido la calificación que le otorgaba el banco y que establecía el límite de créditos que podía tomar deuda. Ese límite estaba superado, por lo tanto no podía seguir recibiendo ninguna asistencia financiera. González Fraga pretendió que esa calificación se le ampliara para que Vicentin siguiera recibiendo asistencia y la propia área del banco, vinculada al análisis del riego, se lo negó porque implicaba violar las propias normas del Banco Central que establecen un límite para las empresas importantes: no pueden superar nunca el 15 por ciento del patrimonio. Con el límite vencido, en agosto dejó de pagar y a pesar de que tenía vencida la calificación, en noviembre se le renovaron créditos de manera absolutamente irregular», dijo.
Cerca de 100 millones de dólares fueron prestados por el Nación entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, después que Mauricio Macri perdiera las elecciones. Fueron 26 operaciones por las cuales el Banco prestó 95,5 millones de dólares. La empresa ya estaba en cesación de pagos. Y cuando terminó de recibir los préstamos, se declaró en concurso de acreedores, o sea en quiebra.
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Dijo que tampoco ejecutaron una cuenta que operaba como una garantía del crédito, en una sucursal del Nación en la ciudad de Reconquista. “Entre agosto y diciembre, mientras Vicentin no pagaba, entraron a esa cuenta de Reconquista casi 900 millones de dólares de las exportaciones y las autoridades pasadas tampoco ejecutaron esa garantía de cobro”, dijo.
También le apuntó a la fuerte vinculación del grupo con el macrismo. “Vicentin fue el principal aportante de la última campaña electoral e incluso uno de los dueños, Gustavo Nardelli, fue precandidato a gobernador por Juntos por el Cambios”, relató.
“Ha estafado tanto a trabajadores, productores y la banca pública. Porque no solo le prestó el Banco Nación, sino también de otros bancos públicos, como el Provincia y el Banco de Santa Fe”, dijo.
Sostuvo que, además, es necesaria la intervención porque la firma se encuentra sin funcionar y podría quedar en manos de capitales extranjeros. «La empresa está paralizada desde diciembre y aparecen grandes jugadores del mercado de granos que están avanzando con la intención de quedarse con los activos más importantes del grupo, o sea una tendencia a la mayor extranjerización del comercio de granos», reflexionó Lozano.
El dirigente reclamó que la Justicia avance con la causa. “Es absolutamente necesario investigar qué pasó”, dijo. “Hay que investigar qué pasó con el dinero. Porque si se logra determinar las maniobras fraudulentas, permitirá recuperar parte del dinero que seguramente está en el exterior”, dijo. “El tema de la investigación es una de las claves que deberá desarrollar, en estos 60 días, la intervención”.
Lozano recordó, además, que el Grupo Vicentin «triangulaba» exportaciones a través de sus subsidiarias de Uruguay y Paraguay y evadía el pago de impuestos por Retenciones y Ganancias.