El Superior Tribunal de Justicia (STJ) está avanzando con los trámites administrativos para sumarse al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pronacom), que en el caso de La Pampa abarca a todos los vehículos y chatarras secuestrados en causas penales durante la vigencia de la ley 332 (Código Procesal Penal de La Pampa).
Actualmente, de acuerdo a un relevamiento propio, alcanzaría a unos 250 automotores que están ubicados en las platas judiciales de Santa Rosa, General Pico, General Acha y 25 de Mayo.
En ese contexto, las autoridades del STJ, encabezadas por el presidente, José Roberto Sappa, mantuvieron hoy una reunión virtual con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia y de los municipios de Santa Rosa y General Acha para transmitirles la experiencia y detallarles cómo fueron avanzando las gestiones con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Al encuentro asistieron presencialmente, además, la secretaría legal María Soledad Sallaberry; el secretario técnico, Carlos Alvarado; y el coordinador general de la Oficina de Objetos Secuestrados, Néstor Javier Perassi, responsable del relevamiento. Por el ministerio estuvo, vía Zoom, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Agustín Manuel García; por el municipio local, la directora de Tránsito, Alejandra Guillermina Castro, y la contadora general, María Marta Irastorza; y por Acha, el asesor legal, Luis Fernández Martínez Montalvo.
El Pronacom surgió como una necesidad frente a la problemática ambiental que genera la acumulación de vehículos abandonados y/o secuestrados, y es el propio organismo quien se encarga de las tareas de compactación. El programa prevé que, a posteriori de una clasificación del material, parte es compactado y el resto es entregado a entidades con fines científicos o culturales.
En el caso de La Pampa, los automotores y chatarras incluidos para ser compactados son aquellos secuestrados en causas penales bajo la ley 332, es decir el CPP que rigió en la provincia hasta 2010.
