El Gobierno nacional oficializó esta semana el rol que tendrán las Fuerzas Armadas al clausurar, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la posibilidad de que los militares intervengan en cuestiones de seguridad interior, algo que había sido habilitado durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
«Nadie tiene derechos a sentirse sorprendido con esta decisión que tomamos. Es algo que anunciamos y es el criterio que siempre sostuvimos sobre la defensa nacional. Las fuerzas armadas están para repeler una agresión armada que provenga desde el exterior. No queremos que los militares actúen en la represión del delito o intervengan en cuestiones internas», señaló en declaraciones a Télam el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
El lunes 29 de junio, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 571/2020 del Poder Ejecutivo que con la firma del presidente Alberto Fernández estableció que las Fuerzas Armadas sólo podrán intervenir «ante una agresión externa», y esta decisión cosechó adhesiones en el oficialismo y objeciones en la oposición.
La norma derogó el DNU 683, firmado por Macri en julio de 2018, que permitía la incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, y que las facultaba a dar «apoyo logístico en las fronteras para combatir el narcotráfico y el terrorismo».
De esta forma, el Gobierno vuelve al criterio fijado en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando se reglamentó la Ley 23.554 de Defensa Nacional, convalida las directivas sobre el tema que se establecieron en 2009 y 2014.
«No creemos que las Fuerzas Armadas tengan que actuar contra el narcotráfico. Eso no salió bien en ningún país y en la región hay sobrados ejemplos de eso. Los militares no están para combatir el delito. Cuando se los utiliza para esas funciones, se generan bolsones de corrupción y violaciones a los derechos humanos que afectan el prestigio de los uniformados», fundamentó Rossi.
No obstante, el ministro aclaró que esta postura no implica instalar la noción de «hipótesis de conflicto» y aseguró que las Fuerzas Armadas deben «desarrollar sus existencias, producir sus materiales e incorporar tecnología que se pueda transferir para ser elaborada por el aparato productivo militar».
«Sabemos que las Fuerzas Armadas necesitan reequiparse para estar preparadas cuando sea necesario que respondan ante una agresión. Para eso, en noviembre de 2019 se sancionó en Diputados el proyecto del Fondef (Fondo para la Defensa). Esperamos que el Senado le dé tratamiento este año y esa fuente de recursos para los militares se convierta en Ley», remarcó el funcionario.
Los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) que integran la comisión de Defensa, criticaron el martes la firma de este decreto, al considerar en un comunicado que se trata de una postura que «atrasa 40 años».
«Esto nos lleva en el marco normativo 14 años hacia atrás, agravando lo que ya de por sí era una interpretación errónea que avanzaba por sobre la Ley 23.554, autolimitando el empleo legítimo del derecho de todo Estado a la Defensa», sostuvieron los legisladores opositores en una nota que lleva la firma del diputado radical Carlos Fernández, titular de la comisión de Defensa.