El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) pidió la “inmediata aparición de Facundo Astudillo Castro y reclama una investigación judicial diligente y expedita» para esclarecer lo sucedido.
A más de dos meses de la desaparición del joven de 22 años, la Justicia federal de Bahía Blanca, que investiga una desaparición forzosa, comenzó a indagar con más fuerza sobre el accionar de los efectivos de la Policía Bonaerense que, según testigos frenaron a Facundo el 30 de abril en la ciudad de Mayor Buratovich, donde se lo vio con vida por última vez.
A raíz de esto, con el correr de los días cada vez más organizaciones de Derechos Humamos se unieron al reclamo por la aparición del joven. De hecho, la Comisión Provincial por la Memoria intervino como querellante en la causa que investiga su paradero. Por eso, la CNPT expresó además que respalda el trabajo a esa entidad “como mecanismo local en el caso”, en el comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.
La CNPT es un organismo de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, constituido el 28 de diciembre de 2017.
Según se pudo saber hasta el momento, el joven partió el 30 de junio desde su domicilio de Pedro Luro hasta Bahía Blanca, para encontrarse con su novia, con la que se había peleado anteriormente. Pero nunca llegó a destino.
La familia del joven relató que Facundo llegó a dedo a la ciudad de Hilario Ascasubi, donde se subió al auto de una vecina de esa localidad, quien lo lleva hasta Mayor Buratovich.
Una vez allí, la Bonaerense le labró un acta a Astudillo Castro por el incumplimiento de la cuarentena obligatoria, según datos aportados por la propia fuerza. Los abogados querellantes de la familia, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, ya obtuvieron una copia del acta del procedimiento, en la que se especificó la hora en la que se realizó el trámite. Desde entonces, la historia se encuentra llena de incongruencias y contradicciones.
Al menos tres testigos se comunicaron con la familia Castro el 27 de junio y aseguraron haber visto cómo los policías detenían e introducían a Facundo en un patrullero (que sería la camioneta Toyota Hilux, según cree la querella), cerca de las 15 del 30 de abril, en un punto posterior al ingreso a Mayor Buratovich.
La familia de Castro aseguró que el mismo día del rastrillaje, el 19 de junio, un agente de la comisaría de Pedro Luro les comunicó que una oficial de policía de apellido Flores había trasladado al joven en su auto particular a Teniente Origone, todo en pleno día y en medio del aislamiento obligatorio que rige a raíz de la pandemia de coronavirus.
Según el relato de la familia, una vez que acudieron a Teniente Origone en compañía de sus abogados, allí se encontraron con dos nuevos efectivos, de apellidos Sosa y Berrigo. El primero de ellos les dijo que él lo paró a Facundo en Origone debido al llamado de un vecino. Comentó que Facundo no contaba con su DNI y que presentó su registro de conducir. “Este señor nos mostró una foto con su celular del carnet de conducir de mi hijo, del 30 de abril”, explicó la madre, Cristina Castro, a La Izquierda Diario.