La Mesa Directiva de la UCR denunció públicamente este jueves una connivencia entre el Poder Judicial y el poder político pampeano porque, sostuvo, se mide con diferente vara las investigaciones a las intendencias del peronismo y radicalismo.
“Pretendemos una Justicia que tenga la venda bien puesta”, expresó el partido, con un documento titulado “¿Será Justicia?”, que está firmado por su presidente Julio “Tito” Pechín.
El radicalismo salió con los tapones de punta a raíz del allanamiento a la municipalidad de Anguil, gobernada por el radical Héctor Delahaye. Se investiga el pago por parte de la intendencia de unas facturas del Comité de la UCR y un sobresueldo a un concejal.
La UCR contrastó ese allanamiento con la situación generada con las causas de las facturas truchas, donde se desviaron millones de pesos: en un acuerdo entre la fiscalía a cargo de Marcelo Amado y los defensores, a la mayoría de los jefes comunales involucrados, del PJ, se les permitió juicios abreviados a cambio de pagar multas.
“El sistema de gobierno republicano está basado en la división de poderes”, indica la UCR. “El Poder Judicial ejerce sobre el Ejecutivo el juzgar todos los actos que pueda considerar violatorios de la Ley. Y tal parece no siempre lo hace con la misma vara o de la misma forma”.
“Observamos con asombro cómo a través de un modus operandis que se hizo común en varias Comisiones de Fomento, se desviaron varios millones de pesos con rumbo desconocido”, sostiene. “Por citar un ejemplo, que no es el mayor pero está cerrado, el de Unanue a cargo de Manuel María Costoya acusado de peculado y uso de documento privado falso en 171 oportunidades en perjuicio de la Administración Pública. Todo quedó oculto a través del mecanismo de Juicio Abreviado: el origen de las facturas, la ruta del dinero, es decir quién efectivamente cobró y se quedó con ese dinero”, dice.
“La pena por supuesto la mínima, de cumplimiento suspensivo, es decir nadie va detenido. Todo a derecho por supuesto, y como ejemplo social penoso”, expresa.
“Otra Justicia, mucho más dura parece actuar cuando se trata de gobiernos municipales opositores. No vamos a cuestionar técnicamente los procedimientos, pero por cierto resulta poco serio ver a la prensa instalada previamente, o citar testigos con clara intención política durante su ejecución”, dice.
“Todo esto ocurre mientras nuestro Bloque de Diputados Provinciales hace presentaciones ante la Subsecretaría de Derechos Humanos por las escandalosas situaciones dadas en distintas localidades de la Provincia por parte de la Policía de La Pampa, órgano auxiliar de la Justicia. Así podemos citar hechos gravísimos en General Acha, Telén, Santa Rosa y el probable concurso de varios hechos delictivos por parte de un grupo policial contra una persona en Catriló, de los cuales se desconoce si fueron apartados preventivamente de sus funciones”, manifiesta.
“Estamos ante algunos agentes policiales que se sienten absolutamente impunes, sin control por parte de sus Jefes ni acotamiento por parte de la Justicia”, dice. “Somos el principal partido político de oposición. No juzgamos personas, evaluamos acciones. No somos ni seremos una oposición complaciente mucho menos cómplice. Pretendemos una Justicia que tenga la venda bien puesta y la balanza bien calibrada. Una Justicia que inspire respeto no miedo. Será Justicia”, finaliza.