El abogado, docente de la UNLPam y miembro del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, Andrés Gil Domínguez, consideró que la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, desde un punto de vista formal, no admite “mucha discusión”.
“Respecto de la validez formal me parece que no hay mucha discusión porque el Presidente está habilitado por decreto a reducir el porcentaje de coparticipación que le asigna a la ciudad de Buenos Aires el Estado Nacional de su propia masa coparticipable”, opinó el jurista en declaraciones a la radio Futurock.
“Se sigue aplicando una ley de 1988, en la época que la Ciudad era todavía municipalidad, en la que la parte que le corresponde a la Ciudad viene de la parte de la torta que le corresponde al Estado, entonces por decreto se puede aumentar y se puede disminuir«, dijo.
«Lo hizo (Eduardo) Duhalde cuando fijó el piso histórico, lo hizo (Mauricio) Macri cuando aumentó y (Alberto) Fernández cuando disminuyó”, recordó.
No obstante, Gil Domínguez consideró que hay elementos para el debate y a ese respecto mencionó un antecedente del año pasado de la Corte Suprema de Justicia en el que hizo lugar a una medida cautelar que planteó la provincia de Entre Ríos diciendo que al bajar alícuota de Ganancias y del IVA bajaba la recaudación, afectaban los recursos coparticipables y eso se había hecho por decreto y no se había hecho por ley y la Corte dio lugar.
“Se van a dar entonces dos discusiones de fondo en la Corte, en primer lugar si el Consenso Fiscal de 2017, luego ratificado por una ley, implica la derogación de esta ley de 1988 y si el Presidente tiene esta facultad de disminuir por decreto esta alícuota, yo creo que en principio no pero es un tema para ser discutido, y el otro es más central porque la Corte en la cautelar dijo que en la medida que se demuestre que la disminución puede afectar el desarrollo de políticas públicas que satisfagan necesidades sociales, existe un peligro que puede dar lugar a una medida cautelar”, planteó.
“Si uno ve los antecedentes de la Corte Suprema hasta aquí, no son causas que se resuelvan rápido porque la Corte en principio funciona como un tribunal de Estado, un tribunal político y primero trata de acercar a las partes, generalmente llama a varias audiencias y trata de mediar o arbitrar para que se llegue a una solución política y si ve que esto no sucede, empieza a jugar como un tribunal de justicia”, evaluó sobre el final de la entrevista.
También se refirió a la marcha del Consejo Consultivo. Detalló que están terminando la ronda de consultas a las instituciones vinculadas a la justicia y que luego continuará con las reuniones ordinarias de discusión, con el objetivo puesto en llegar con la evaluación y las recomendaciones al Poder Ejecutivo, el 18 de noviembre, dentro del plazo que fijó el decreto de creación del organismo.