Sobre la hora y con una doble ofensiva de presión por carriles diplomáticos y el Banco Central, la administración de Alberto Fernández logró doblegar las últimas resistencias empresarias para anunciar, este lunes, la definitiva desarticulación de los polémicos contratos de los PPP viales heredados de la gestión macrista. Entre ellos se encuentra el corredor de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa y la nueva circunvalación de la capital pampeana.
La vía de salida “no traumática” para terminar con los PPP que terminaron aceptando las empresas concesionarias que aun quedaban en pie consiste en la firma de un “acuerdo mutuo de extinción contractual”, similar al que había suscripto a fines de setiembre el consorcio “Corredor Panamericano”, del grupo Eurnekian, informó Letra P.
El corredor B -que alcanza a Santa Rosa y todas las localidades de la ruta 5- había sido adjudicada a China Construction América (CCA), subsidiaria de China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), una de las grandes corporaciones mundiales dedicadas a la construcción y a proyectos de infraestructura con fuerte presencia en los EE.UU. y en casi todos los países de Latinoamérica.
Su desembarco en la Argentina se produjo en 2018, cuando, asociada con la constructora local Green, se quedó con el control del corredor B, que abarca 546 kilómetros de la ruta nacional 5 que une Luján con la capital pampeana de Santa Rosa.
Los directivos del grupo chino le hicieron saber al Gobierno que no quieren quedar como unos “incumplidores” que son sancionados con el quite de la concesión vial y, como muestra de su voluntad para mantener vigente el contrato firmado hasta 2033, plantearon que pueden conseguir la financiación necesaria que estaba prevista para la concreción de las obras. Ahora lograron acordar.
Luego de no haber podido conseguir el financiamiento previsto para las obras y ante la negativa oficial a extender el plazo límite que expira el primer minuto del martes, las empresas que operan los corredores A (Paolini, Vial Agro-INC); B (CCA-Green); C (Cartellone) y Sur (Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil) acudirán este lunes a Vialidad Nacional para formalizar la finalización anticipada de los PPP que, en los papeles, iban a estar vigentes hasta 2033.
Para torcer la posición de las constructoras que eran más reacias a admitir la baja de los contratos, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y las autoridades de Vialidad Nacional utilizaron como presión la amenaza de avanzar con la “rescisión unilateral y la ejecución inmediata de las garantías contractuales por incumplimiento de los cierres financieros”.
De aplicarse esta medida extrema -impulsada por la vicejefa Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, quien intervino en el tema por indicación del Presidente-, los bancos Galicia, Itaú y Eximbank de China tendrían que salir a cubrir un paquete de garantías de casi 450 millones de dólares y luego accionar contra las empresas, que, al no estar en condiciones de afrontar una ejecución de esa magnitud, irían directamente a la quiebra.
Además de la amenaza latente de una rescisión unilateral por incumplimiento, el Gobierno efectuó otras dos movidas para “convencer” a las empresas. En el caso de la empresa china CCA, que controla el corredor B, los funcionarios buscaron la ayuda de personal de la Cancillería para que hablase con los representantes de la embajada china en Buenos Aires con el fin de acercar las posiciones.
A eso se sumó una gestión del subsecretario de Participación Público Privada, Federico Molina, que responde a Todesca, ante el Banco Central para que les haga saber a las entidades bancarias de las concesionarias lo “inconveniente y desventajoso” que iba a resultar una ejecución inmediata de las garantías de los PPP.
El esqueleto de la “extinción contractual por mutuo acuerdo” que suscribirán las empresas y el Gobierno contempla la devolución parcial y condicionada de las garantías, un desembolso inicial inferior a los dos millones de dólares para cada concesionario y la apertura de una instancia de negociación por 60 días para aprobar el inventario de los corredores y la liquidación final de los reclamos cruzados.
En el caso de no llegar a un entendimiento por la liquidación final del contrato, las empresas quedarían liberadas para llevar sus reclamos a los juzgados locales y al tribunal de arbitraje internacional del CIADI.
De acuerdo con los datos obtenidos por Letra P, la letra chica de los acuerdos para finiquitar la fallida experiencia de los PPP macristas contendría los siguientes puntos destacados: