El Tribunal Oral Federal de La Pampa desarrolló en la mañana de este lunes, por internet, una audiencia preliminar para establecer cómo se desarrollará el tercer juicio de la Subzona 14, donde se juzgará a expolicías y exmilitares por delitos de lesa humanidad.
Los jueces del tribunal son Pablo Díaz Lacava, Marcos Aguerrido y José Triputti.
Entre otros, en la audiencia por el sistema informático propio, estuvieron los representantes de la Fiscalía, Miguel Palazzani, Leonel Gómez Barbella y Federico Iparraguirre; los de la Defensa oficial, Laura Armagno y Luciano Rodríguez; los defensores particulares Pedro Mercado y Hernán Vidal; los querellantes y víctimas Juan Carlos Pumilla y Raquel Barabaschi; y el representante de los querellantes Franco Cataliani.
Todavía no se establecerá cuándo se hará el juicio, aunque se descuenta que será en 2021. Según dijo el presidente del TOF, Marcos Aguerrido, el juicio podría empezar en el mes de abril próximo. “Si no hay ninguna modificación relevante, vamos a proponer esta modalidad remota (a través de Internet)”, dijo.
Hoy las partes hicieron sus planteos y definieron cuestiones técnicas del debate.
Los fiscales Gómez Barbella y Palazzani cuestionaron que se intente “recortar” el número de testigos. “Queremos mantener el mismo número y nombres de los testigos aportados. Con el transcurso del juicio, podríamos revisar esa postura”, aclaró.
“Nos parece que estos juicios, tienen muchos componentes. Uno de ellos, es el conocimiento de la verdad”, dijo, en tanto, Palazzani. “La finalidad de los juicios, además, tienen un valor histórico y simbólico para toda la sociedad pampeana”.
Lo mismo dijeron desde la defensa pública. “Queremos dejar en claro que nosotros entendemos, obviamente, acerca de protección de las víctimas y los testigos, pero a los efectos de poder garantizar el derecho de defensa en juicio, vamos a solicitar que aquellas personas que hayan declarado en otros juicios, vengan a declarar en forma presencial o remota. Nos vamos a oponer a la incorporación por lectura (de su testimonio) en otro juicio”, dijo el defensor Rodríguez.
Según dijeron fuentes judiciales a Diario Textual, posteriormente a la audiencia preliminar se proveerá la prueba que ingresará al debate y, luego, se fijará la fecha del juicio.
Será el tercer debate, después de los históricos juicios a los represores de 2010 y de 2019.
En este tercer juicio se esperaba juzgar a varios represores. Finalmente, por muerte o por cuestiones de salud, el Juzgado Federal de Santa Rosa elevó en forma parcial el expediente a juicio hace dos años, en agosto de 2018, con siete imputados por secuestros y torturas en perjuicio de 196 personas durante la última dictadura militar. También se incluyen en esta etapa delitos sexuales.
Desde 2018 a la fecha, ya quedaron afuera dos: Roberto Fiorucci y Gerardo José Jáuregui.
Fiorucci, quien fue condenado en el primer juicio, por su estado de salud ya quedó directamente fuera del segundo juicio.
En tanto, Jáuregui, el exjefe de Operaciones del Regimiento de Toay, murió el 22 de octubre pasado.
Entre los acusados están el exmilitar Néstor Greppi, el expolicía Carlos Reinhart -condenados ambos en los dos juicios previos-; Luis Enrique Baraldini -condenado el año pasado en el segundo juicio-; y los militares Jorge Omar de Bártolo -excapitán del ejército y responsable de Logística del Regimiento de Toay; y el policía Humberto Riffaldi -jefe del Departamento de Informaciones de la Policía.
Es posible que ahora las defensas de esos procesados también pidan, por cuestiones de salud, eludir el banquillo de los acusados.
Según la acusación, todos los imputados participaron en sucesivas detenciones ilegales, seguidas por el cautiverio y aplicación de tormentos y vejaciones -mediante el accionar conjunto y coordinado militar y policial- de ciudadanos acusados de participar en actividades “subversivas” durante la última dictadura en La Pampa.
En el caso de Greppi, Baraldini, Fiorucci y Reinhart, la Fiscalía solicitó que fueran sometidos a juicio como coautores mediatos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por haberse cometido con violencias o amenazas, en concurso real con imposición de tormentos y abuso sexual deshonesto con acceso carnal.