La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó en la tarde de este lunes, por mayoría con el voto del oficialismo y aliados, la llamada Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que, entre otros puntos, establece una distancia de fumigación de 3 mil metros por aire y por tierra a 500 metros de los espacios urbanos. También impone que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3000 metros.
La iniciativa -que entrará en vigencia una vez reglamentada y publicada en el Boletín Oficial- fue aprobada con los votos del oficialista Frejupa, más los unipersonales del Movimiento Productivo Pampeano y Comunidad Organizada. En contra lo hicieron los legisladores de la UCR y de Propuesta Federal.
La distancia de la veda de pulverización fue uno de los puntos que más cuestionaron desde los bloques legislativos opositores: pidieron acortar esos metros, a tono con el reclamo de las asociaciones de productores agropecuarios.
Sin embargo, finalmente ganó la posición del oficialismo a tono con el pedido de la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, a cargo de Fabián Tittarelli.
La iniciativa fue elaborada por el Gobierno provincial y busca “armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano y equilibrado” en La Pampa.
El subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, defendió la norma: admitió que “impactará” en las prácticas en los campos, dijo que pese a las mayores restricciones no habrá caídas de rindes de cosechas y aseguró que, así, se “cuidará mejor” el medio ambiente y la salud de los productores rurales y de los habitantes de los pueblos.
El oficialismo destacó que la ley tuvo un largo debate y resaltó que se escucharon a todos los sectores de la sociedad.
La iniciativa cosechó una fuerte resistencia entre un sector de los productores ruralistas: salieron a advertir que en caso de avanzar el proyecto oficial en La Pampa quedarían entre 145 mil hectáreas y 150 mil hectáreas de girasol sin sembrar en los departamentos Maracó, Quemú Quemú y Chapaleufú por las limitaciones que prevé la ley a las aplicaciones. Eso sin contar a otros departamentos donde también se siembra este cultivo.
Oscar Zanoli, diputado y miembro informante del oficialismo, dijo que era necesaria esta ley. “Es imprescindible modificar la normativa en materia de plaguicidas porque ha crecido de manera inusitada su uso en el país. La degradación del medio ambiente puede crear daños en seres humanos irreparables. Como sociedad tenemos que tener conciencia en tener un ambiente sano. Quiero agradecer al gobernador por todas las consultas y cambios que hubo en el proyecto, a las organizaciones que aportaron, y a mis compañeros diputados”, expresó.
Torroba argumentó el voto negativo. “En nuestra provincia se le suma, junto con al arsénico en el agua, la cuestión del exceso de plaguicidas. A diferencia del proyecto de energía que acabamos de tratar, este es un proyecto que se trató más de copiar y pegar, que de tener conocimiento del tema. No compartimos, por ejemplo, el régimen sancionatorio, porque son sanciones a granel. Tampoco compartimos el tema de las distancias, porque no se han tenido en cuenta las nuevas tecnologías para solucionar esta cuestión. Nos hubiera gustado que haya consenso, pero el oficialismo se presentó con rigidez sobre ciertos temas que fueron innegociables”, dijo.
María Laura Trapaglia manifestó su rechazo. “Necesitamos una ley que cuide la salud humana y ambiental, pero que no desaliente la producción. En Argentina tenemos antecedentes en ese sentido. No hay un rumbo claro hacia donde se pretende ir. Queremos agradecer a todos los que se involucraron de alguna u otra manera. Nuestro bloque se reunió con todos, y hemos planteado nuestras diferencias. No estamos de acuerdo con el concepto de plaguicidas, porque propusimos el término ‘fitosanitario’, ni estamos de acuerdo con las distancias”, criticó.
Por su parte, Sandra Fonseca señaló que las prácticas con agroquímicos han generado daños irreversibles, entre modificaciones genéticas y cáncer. “Nosotros estamos de acuerdo con todos los fundamentos de la ley. Entendemos que hacen faltan algunos artículos sobre el control aéreo, por ejemplo. Me hubiera gustado que el proyecto fuera sancionado con el aporte de todos”, dijo.
Juan Pedro Brindesi celebró que se haya ido “tomando mayor conciencia sobre la problemática” de los químicos. “Acompaño esta ley porque la considero muy acorde a la situación de ir modificando la tendencia hasta un modelo sustentable”.
En respuesta a los bloques que votaron negativamente, Martín Balsa expresó que durante nueve meses trabajamos en la iniciativa. “Esta ley cuida fundamentalmente la salud. Tenemos que cuidar el suelo y la fauna, que es el material de los productores. Estamos de acuerdo que es necesario producir cada vez más, pero en esto tenemos que ser responsables. Ninguno está en contra de la producción. Esta ley viene a cuidar la salud, ya que está en riesgo desde la tierra hasta las personas”.
Martín Ardohain contestó a Balsa. “Una vacuna no es buena ni mala, si la usamos mal nos mata. Lo mismo ocurre con los agroquímicos. Entonces coincidimos en cuidar el medio ambiente, pero también la producción. Lamento no poder acompañar este proyecto”, cerró.