Martín Berhongaray, diputado nacional e integrante de la Fundación Chadileuvú, respaldó la decisión del Estado pampeano de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la intención de Mendoza de entregar a una minera la administración de la Laguna del Atuel, pero se permitió hacer una serie de recomendaciones: pidió cuestionar una ley mendocina que dio vía libre a firmar convenios con empresas privadas.
“La Pampa tiene que cuestionar ante la Corte Suprema cada uno de los planes de manejo que tanto Mendoza como el resto de las provincias que están aguas arriba vienen realizando de los recursos hídricos que también nos pertenecen en propiedad porque son interjurisdiccionales”, dijo el legislador al ser consultado por Diario Textual.
¿Qué se debe hacer con la Laguna del Atuel? “En este caso, hay que pedir que se revise todo el proceso irregular cuyo núcleo es la ley mendocina 8516 que se aprobó en 2012 durante el gobierno de Francisco Pérez y que es la antesala del convenio que firmó en 2018 el gobierno encabezado por Alfredo Cornejo con las empresas que son propietarias de las áreas”, manifestó.
Esa ley, que ya había tenido media sanción en el Senado mendocino en 2011 durante el gobierno de Celso Jaque, declaró Reserva de Paisaje Protegido y Reserva Hídrica a la Laguna del Atuel y acordó una serie de derechos sin siquiera informar a La Pampa de sus alcances.
Berhongaray recordó que ya en aquel momento distintas organizaciones ambientalistas habían advertido sobre el riego de que la iniciativa provincial se termine superponiendo con proyectos mineros, y destacaron la peligrosidad del artículo 3 de la ley 8516 que ordena respetar los permisos y derechos adquiridos por los privados hasta ese momento. “El gobierno de entonces sabía muy bien que uno de los dueños era una empresa minera, y el peligro que significaba reconocerle los derechos adquiridos”, dijo.
“En la presentación que La Pampa realice ante la Corte Suprema no puede dejar de señalarse que cuando se trata de recursos naturales compartidos por dos o más provincias, ninguna provincia puede cortarse sola y sancionar leyes de las características de la 8516 porque están decidiendo de manera unilateral e inconsulta sobre bienes que también tienen otros titulares. Pero estas cosas tan elementales, en nuestro país siguen sin entenderse”, finalizó.
La Laguna del Atuel, ubicada en San Rafael, se convertirá en una reserva natural privada, administrada por una empresa minera, según el acuerdo al que están a punto de arribar con el Gobierno mendocino.
Se trata de 138.000 hectáreas en San Rafael, que pertenecen a las empresas Sominar y Luncay. Durante cinco años tendrán a cargo el cuidado del ecosistema.