El diputado Leopoldo Moreau le reclamó este lunes a Alberto Fernández que apure la reglamentación de la ley que estableció el impuesto a las grandes riquezas, a 50 días de su aprobación en el Congreso.
“El 4 de diciembre sancionamos el Aporte Extraordinario de las Grandes Riquezas. Es necesaria su rápida reglamentación que está pendiente”, expresó el diputado.
La ley impulsada por Máximo Kirchner fue publicada en el Boletín Oficial el 18 de diciembre pasada, pero para que pueda ser aplicada tiene que ser reglamentada por la AFIP.
El problema que trasciende desde el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont es que habría trabas técnicas para poder reglamentar la ley sin exceder su letra, lo que la dejaría con riesgo muy concreto de ser declarada inconstitucional.
Es por eso que el impuesto a la riqueza está deambulando entre la AFIP, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Legal y Técnica, donde tratan de salir del enredo que generó una ley que según los tributaristas tuvo fallas en su elaboración ya que aspectos esenciales sin especificar, informó el portal La Politica Online.
La promulgación de la ley ocurrió dos semanas después de que fuera aprobada en el Senado. Lo hizo a través del Decreto 1024/2020, publicado el viernes 18 de diciembre en el Boletín Oficial.
Esta ley prevé el cobro por única vez de una tasa de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos. De esta manera, estarán obligados a pagar casi 12.000 contribuyentes.
En el caso de los patrimonios en moneda extranjera, durante el debate parlamentario se había propuesto que el tipo de cambio a tener en cuenta para determinar si la persona supera o no ese límite en moneda nacional sería la vigente al momento de la promulgación. Se espera que la AFIP confirme en los próximos días este punto mediante un texto complementario, en el que detallará la reglamentación de esta normativa.
Lo que sí quedó firme es que estarán alcanzadas las personas físicas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en la Argentina y en el exterior, y que el impuesto no tiene un mínimo no imponible.
Lo recaudado por este impuesto será destinado en un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural (poco más de $75.000 millones); un 20% ($60.000 millones) a comprar equipamientos de salud para atender la pandemia; un 20% (60.000 millones de pesos) a apoyar a pymes con subsidios y créditos; un 20% (60.000 millones de pesos) para financiar un relanzamiento del plan de las becas Progresar destinado a jóvenes estudiantes; y 45.000 millones de pesos (un 15%) para urbanizar barrios populares en donde serán contratadas cooperativas de los vecinos de cada barrio.