El área de Género de la Central de Trabajadores de La Pampa salió a respaldar a la intendenta de Santa Isabel, Marta Paturlanne, ante la acusación de un grupo de concejales por supuestas irregularidades y su intento de desplazarla del cargo.
La semana pasada, los concejales por mayoría la acusaron de diversas irregularidades. Dijeron, frente a los cuestionamientos, que solo los anima la “transparencia” en los actos de gobierno.
Este jueves 25, en una sesión especial, la jefa comunal podrá defenderse de las imputaciones. Eventualmente podrían intentar destituirla.
Hay diputados provinciales y organizaciones políticas y sociales que han cuestionado la avanzada de los concejales. Ahora salió a cruzarlos también la CTA. “Estos hechos -dijo la central- visibilizan el crecimiento de la violencia política en general, con especial impacto contra las mujeres y sus liderazgos. La violencia machista y patriarcal que atraviesan las mujeres trabajadoras, en los distintos ámbitos, dejan al descubierto el no cumplimiento de la legislación vigente como también la falta de implementación efectiva y real de la Ley Micaela”.
Este es el comunicado:
“Desde el área de Género de la Central de Trabajadores de La Pampa expresamos nuestro más enérgico repudio al manejo mediático y político hacia una jefa comunal de nuestro querido oeste pampeano, que llegó a ocupar un espacio de representación política por la voluntad popular.
Estos hechos visibilizan el crecimiento de la violencia política en general, con especial impacto contra las mujeres y sus liderazgos. La violencia machista y patriarcal que atraviesan las mujeres trabajadoras, en los distintos ámbitos, dejan al descubierto el no cumplimiento de la legislación vigente como también la falta de implementación efectiva y real de la Ley Micaela.
Ante esta situación, es necesaria y urgente la formación en la temática de Género y Violencia contra las Mujeres para quienes se desempeñan en la función pública, porque es el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar la perspectiva de género desde la transversalidad en todas las reparticiones que componen sus tres poderes.
Reconocemos que la violencia contra las mujeres constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales basadas en una supremacía de lo masculino, que ha redundado en diversas formas de discriminación, desigualdad y violencia. Este sistema de relaciones de poder y jerarquía impregnó las relaciones sociales, las instituciones y las leyes. Es cierto que se han producido enormes cambios en las últimas décadas respecto al rol social y político de las mujeres, pero las transformaciones sociales conviven con prácticas tradicionales resistentes a los cambios. Esto puede verificarse en los hechos que se vienen sucediendo en una comunidad pampeana, en relación a diferentes tipos de violencia de género, especialmente en violencia política. Más allá si existen o no causales administrativas, es necesario una decisión política que demuestre que en nuestra provincia de La Pampa no se admite, y no se admitirá, la violencia política contra las mujeres.
Desde nuestra organización seguimos desarrollando acciones de sensibilización, concientización y prevención de la problemática para lograr transformaciones que contribuyan a un ejercicio pleno de derechos, a condiciones de equidad y a una vida libre de violencia. Este momento histórico requiere justicia social, y por lo tanto, justicia de género”.