Una delegación del Poder Judicial de San Luis, encabezada por la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Andrea Carolina Monte Riso, recorrerá mañana las instalaciones del Centro Judicial de Santa Rosa para interiorizarse sobre el funcionamiento del Código Procesal Penal de La Pampa.
Los visitantes serán recibidos por el Superior Tribunal de La Pampa, y acompañados por distintos magistrados y funcionarios, observarán cómo se trabaja en distintas dependencias, tales los casos de la Oficina Judicial, los juzgados de control, los tribunales de audiencia, el Ministerio Público, etc.
La idea de los magistrados puntanos es intercambiar opiniones con sus pares pampeanos ya que actualmente en la provincia vecina se conformó una comisión redactora del proyecto de ley para modificar su C.P.P., el cual ya fue concluido e ingresará el jueves a la Legislatura provincial para su tratamiento.
Justamente la ministra Monte Riso fue una de las integrantes de esa comisión, junto a otros magistrados, legisladores y profesionales del derecho. Se trata de una reforma amplia ya que abarcará también a la Ley Orgánica de Administración de Justicia y un novedoso Código Procesal de Niñez, Familia y Adolescencia.
Junto a ella viajarán el procurador general Luis Marcos Martínez, los camaristas Jorge Eduardo Sabaíni Zapata, Hernán Diego Herrera y Hugo Guillermo Saá Petrino –a su vez presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de San Luis–, la jueza María Virginia Palacios Gonella, la defensora oficial Claudia Ibañez y la secretaria de Cámara, Adriana Lucero Alfonso.
Por el lado de La Pampa, además de autoridades del STJ, la delegación puntana intercambiará experiencias con funcionarios del Ministerio Público, los jueces de audiencia y los jueces de control, entre quienes está el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de La Pampa, Néstor Daniel Ralli.
El nuevo Código Procesal Penal de La Pampa fue puesto en funcionamiento en 2011 y reformado el año pasado, profundizando aún más la oralidad, lo que redundó en agilidad y eficacia para bien de los propios justiciables y de la ciudadanía.
Estos últimos cambios abarcaron al principio de oportunidad, la suspensión del juicio a prueba, la conversión de la acción penal, más protecciones y atribuciones para las víctimas de los delitos de género y sexuales, más participación de las víctimas en los procesos en su calidad de querellantes, plazos máximos para las investigaciones fiscales y para las prisiones preventivas sin sentencias condenatorias, ampliación del monto de las penas en los juicios abreviados y mayor intervención de los jueves de control en las etapas previas a la realización de los juicios.
Todo ello se hizo con el fin de generar nuevas herramientas que permitieron reducir los plazos de las investigaciones penales, ya que la reforma también eliminó una serie de actos procesales para que no se repitieran audiencias, peticiones e instancias.
Justamente el nuevo C.P.P. de San Luis también va en esa dirección, ya que al pasar del sistema inquisitorio al acusatorio-adversarial se garantiza la imparcialidad del juez porque el fiscal a cargo de la investigación.
Además habrá más oralidad y se reducirá notablemente la duración de los procesos, se incorporarán resoluciones alternativas para los conflictos, la víctima tendrá un rol más activo, las normas serán interpretadas con perspectiva de género y la flagrancia tendrá un procedimiento específico.