Este martes se inició por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa el tercer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra provincia durante la última dictadura cívico militar, conocido como Subzona 14 III. Por primera vez se empezaron a juzgar los delitos sexuales que sufrieron algunas de las víctimas.
El debate se inició a las 9.25 horas en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa.
Se desarrolló en forma presencial y virtual, en el marco de las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.
El total de víctimas relevadas para el juicio son 178. Once de ellas se sumarán por primera vez.
En tanto, se prevé la recepción de 140 testimonios, entre víctimas directas, familiares y otros que brindarán su testimonio.
Esta vez llegaron a juicio seis acusados. Se trata de tres exmilitares y tres expolicías.
De todas maneras, se espera que sean finalmente sometidos a proceso menos: uno de los acusados es Roberto Oscar Fiorucci, quien fue condenado en el primer juicio y en el segundo ya fue apartado por su estado de salud. Se espera que pase lo mismo en este tercer proceso.
En tanto, se debe resolver si Luis Enrique Baraldini -condenado en el segundo juicio- puede o no afrontar este nuevo debate.
Los jueces del debate son José Mario Triputti, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido.
La acusación está a cargo del fiscal general Miguel A. Palazzani y de la fiscala general subrogante ante el tribunal pampeano Iara J. Silvestre. La audiencia es transmitida por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.
En el juicio está como acusado -por crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención que operaron en el ámbito de la Subzona 1.4 del Ejército entre 1975 y 1982- Jorge Omar De Bartolo, a la fecha de los hechos oficial de Logística S-4 e integrante de la plana mayor de la Subzona 1.4.
El otro acusado es Néstor Omar Greppi, secretario general de la Gobernación del Gobierno de La Pampa de facto.
También está imputado Luis Enrique Baraldini, quien entre el 28 de octubre de 1975 y el 24 de marzo de 1976 se desempeñó en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 como oficial de Inteligencia del Estado Mayor General de esa unidad, y desde esa fecha como jefe de la Policía de la Provincia de La Pampa hasta noviembre de 1979.
El otro acusado es Humberto Riffaldi, jefe del Departamento Informaciones de la Policía de La Pampa entre marzo de 1976 y enero de 1981.
También Roberto Oscar Fiorucci, jefe de Informaciones del grupo de tareas de la Subzona 1.4.
Finalmente está acusado Carlos Roberto Reinhart, oficial ayudante de la Policía de La Pampa en la Seccional Primera y Brigada de Investigaciones, quien prestaba servicios para el grupo de tareas de la Subzona 1.4.
En tanto, Gerardo José Jáuregui, exmayor jefe de operaciones del regimiento de Toay, falleció y no podrá ser juzgado.
Los imputados llegan al juicio acusados de distintos hechos calificados como asociación ilícita -artículo 210 primer párrafo del Código Penal, conforme a la ley 20.642-, privaciones ilegales de la libertad agravadas por su carácter de funcionario público, por haberse cometido con violencias o amenazas y por su duración superior a un mes, imposición de tormentos -artículo 144 ter, primer párrafo del Código Penal , según el texto de la ley 14.616- y abuso sexual deshonesto con acceso carnal -artículo 119 del Código Penal, ley 11.179-.
El fiscal Palazzani, en su intervención, destacó que se está juzgando a los “máximos responsables vivos” del comando militar a cargo de la represión en La Pampa.
En ese marco, también se refirió a los militares que ya fallecieron o que por su estado de salud lograron evadir la Justicia: Favio Iriart, Modesto Roseller, Oscar Cobuta, Carlos Sabattini, José Edgardo Calderón, José Jáuregui, Luis Amin y Carlos Enrique Aguirre.
El fiscal recordó que a mediados de los ’70, el Ejército conformó en La Pampa un grupo de tareas con militares y policías, encargada de secuestros y torturas, bajo la órbita del comando con asiento en uno de los regimientos de Toay.
Palazzani destacó el primer juicio a los represores pampeanos en 2010, que permitió “romper el dique de la impunidad” en la provincia y el segundo juicio, cuando también se condenó por primera vez al exjefe de la Policía de la dictadura, Luis Baraldini.
El fiscal dijo que a estos juicios se llegó por la “lucha de los sobrevivientes” de los secuestros y torturas, a pesar de los intentos de impunidad que fueron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos otorgados durante el menemismo.
Posteriormente, la fiscala Silvestre leyó cada caso por el que llegaron al banquillo los imputados.