Senadores del oficialismo y de la oposición coincidieron en la necesidad de dar soluciones a los deudores de créditos hipotecarios otorgados en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) durante una reunión de comisión de la cámara alta en la que se discutieron dos proyectos de ley que proponen renegociar los contratos y regular las operaciones ante el incremento de la inflación.
El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, dijo que se debe definir de qué manera se financiará una eventual renegociación de los préstamos en caso de que se aprueben las nuevas normas y precisar el monto total que se adeuda a los bancos por la adquisición de estos créditos hipotecarios UVA.
“Alguien va a tener que pagar los platos rotos, no puede ser que una persona en vez de pagar una vivienda termine pagando dos o tres viviendas”, argumentó el senador del oficialismo durante la reunión de la comisión de Economía del Senado en la que se comenzaron a tratar dos proyectos presentados por los legisladores Julio Cobos y Mario Fiad.
Para Mayans, es necesario establecer quién y de qué modo financiará esta renegociación ya que “los bancos necesitan instrumentos legales superiores y saber quién les compensará o cómo se compensará esto; en definitiva, quién va a pagar este grave inconveniente (suscitado) por la grave visión de atar estos créditos a la inflación”.
Por su parte, la presidenta de la comisión, la radical Silvia Elías de Pérez, agradeció a Mayans por prestar acuerdo para avanzar en el tratamiento de este tema y precisó que son 105 mil los deudores de créditos hipotecarios UVA, 500 de los cuales manifestaron enfrentar “grandes dramas” debido a que “son morosos al borde de ser ejecutados”.
Elías de Pérez adelantó que envió un pedido de información al Banco Central y una invitación para que asistan a la próxima reunión de la comisión, así como a representantes de distintas entidades bancarias.
Renegociación de contratos
El primero de los proyectos, cuyo autor es el mendocino Cobos, prevé que las entidades financieras ofrezcan la posibilidad de renegociación de contratos de créditos para la adquisición, construcción o ampliación de vivienda única, con cláusula de ajuste en UVA, y sostuvo que la clave es crear un fondo estabilizador para absorber la diferencia de lo que se adeuda.
También propone que se suspendan las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en UVA para vivienda única familiar por el término de un año.
Aplicación del índice Ripte
La segunda iniciativa, presentada por el senador Fiad, busca la regulación de las operaciones enmarcadas en los sistemas de créditos con capital ajustable UVA y UVI (Unidad de Vivienda) previstas en las leyes 25.827 y 27.271 y propone que las actualizaciones se realicen mediante la aplicación del índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) suministrado por el Ministerio de Trabajo.
También indica que la cuota mensual resultante no debe exceder el 35 por ciento del ingreso del grupo familiar del deudor y dispone la suspensión por seis meses de las ejecuciones hipotecarias de viviendas adquiridas bajo la modalidad contemplada en la presente ley.
Amparo colectivo
Mientras el Senado avanza en la búsqueda de soluciones a los deudores hipotecarios UVA, el colectivo que los nuclea anunció que prepara un amparo colectivo para frenar el aumento de cuotas de sus créditos. La presentación se hará en simultáneo en todas las provincias.
La problemática de los créditos ajustados por el sistema UVA golpea a familias de todo el país. Solo en Santa Rosa afecta a 26 familias del desarrollo urbanístico Procrear, que recibieron sus departamentos con retraso durante el macrismo y, a diferencia de los primeros habitantes del barrio, las cuotas mensuales se actualizan por una fórmula basada en la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que había sido implementada en 2016 para los créditos hipotecarios otorgados durante la gestión anterior y que se basaba en la evolución de la inflación.
La diferencia de las cuotas a pagar entre los vecinos es notable: mientras que los atrapados en el UVA deben abonar entre 30 mil y 40 mil pesos -dependiendo del departamento-, sus vecinos que recibieron las llaves en el Gobierno kirchnerista tienen que abonar unos 12 mil pesos.