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Odebrecht admitió coimas por las obras del Sarmiento

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Marcelo Odebrecht, delator premiado y máximo responsable de las coimas que durante años pagó su empresa en Brasil y en muchos otros países, confesó que el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento, en la Argentina, incluyó el desembolso de sobornos millonarios, según surge de documentos todavía secretos de la investigación Lava Jato a los que accedió el diario La Nación. Habrían abonado unos US$ 20 millones.

El empresario confirmó, así, la operatoria delictual que desplegó su compañía en el país, al reconocer que las siglas "DGI" que aparecen en múltiples documentos internos de la constructora no aludían a la Dirección General Impositiva local, sino que eran un eufemismo para esconder los pagos de coimas.

Anotar "DGI" en un memo, explicó Odebrecht a sus interrogadores, implicaba haber asumido "compromisos políticos", afrontar "favores", "contribuciones", "pagos a agentes públicos", "donaciones" u otros rubros ilícitos que terminaban incorporándose a los costos finales de cada contrato. Así lo revelan documentos que analizó La Nación como parte de un proyecto periodístico colaborativo regional liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.

El Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en su trayecto Caballito-Moreno es un proyecto de ingeniería que encara el Estado Argentino en la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del Gran Buenos Aires, que prevé la construcción bajo trinchera de las vías del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento a través de una extensión de 32 kilómetros.

La obra fue licitada y adjudicada por el kirchnerismo. Sin embargo, al posteriormente caerse la financiación a través del Bando de Desarrollo del Brasil, no le permitió iniciar los trabajos.

Con la llegada el cambio de gobierno, el presidente Mauricio Macri decidió que el Estado nacional iba a financiar los trabajos.

El soterramiento de esa manera se inició con participación de la firma la brasileña Odebrecht y la local Iecsa, de Ángel Calcaterra, primo de Macri.

Marcelo Odebrecht no aportó los nombres de quienes recibieron esos pagos ilegales en la Argentina, y tampoco los montos. Aclaró a sus interrogadores que él "delegaba mucho" cuando se trataba de operaciones en el exterior. Pero otros ejecutivos de la compañía que también se acogieron al régimen de delación premiada aportaron algunas piezas faltantes del rompecabezas hasta redondear una cifra cercana a US$ 20 millones para quedarse con el contrato para soterrar el Sarmiento.

Condenado a 19 años y 4 meses de prisión por el juez federal brasileño Sergio Moro, Marcelo Odebrecht también aludió a la imposición de ciertos "socios locales" por parte del gobierno kirchnerista como condición ineludible para pujar con chances por contratos millonarios.

En algunos países, explicó el ahora delator premiado, las empresas estaban "obligadas" a recurrir a socios locales. Y señaló a la Argentina, en particular, como un territorio donde esa práctica y la contratación de lobbistas eran indispensables. Esas firmas y esos operadores locales, dijo, tenían los "accesos políticos" y los contactos para canalizar cualquier pedido.

Para disputar el proyecto del soterramiento del Sarmiento, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas -la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa-, mientras que para otros proyectos en la Argentina recurrió a la constructora Esuco, de Carlos Wagner, y a la firma BTU, de Carlos Mundin.
Modificado por última vez en Lunes, 19 Junio 2017 09:40







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