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Recorridos Inflados: anularon sentencia y ordenaron otro juicio a Alcala

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La Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia de la causa de los recorridos inflados, sostuvo que el caso no prescribió y ordenó al Tribunal Oral Federal de Santa Rosa que realice un nuevo juicio por defraudación al Estado contra el exintendente Néstor Alcala (PJ) y el exsecretario Jaime Sterin, pudo saber Diario Textual. De esta manera no convalidó la sentencia del tribunal pampeano.

La decisión de los camaristas -Eduardo Riggi, Ana María Figueroa y Liliana Elena Catucci, que intervinieron luego de una apelación presentada por el fiscal Alejandro Cantaro- generó cierta sorpresa. Es que en diciembre del año pasado, el TOF sentó en el banquillo a los dos acusados. Pero, luego de tomarles declaración y escuchar a los peritos y testigos, dio a conocer una sentencia absolutoria. Ese fallo fue firmado por Mario Tripputi, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava.

Es que, a criterio de los jueces del TOF, la causa había prescripto porque pasaron 8 años desde el último acto interruptivo de la prescripción –el 11 de diciembre de 2007, cuando Alcala dejó de ser funcionario público- y la elevación a juicio -a mediados de 2015-. Así, siempre a criterio de ese tribunal, habían transcurrido ocho años, cuando el máximo de pena previsto por el delito de defraudación es de seis años.

Los magistrados de Casación Penal, sin embargo, no concordaron con los argumentos del TOF y le ordenaron que realicen un nuevo juicio.  Dijeron que en una "elevación a juicio" de la Fiscalía hubo un "acto interruptor" de la prescripción. Si bien esa elevación fue recurrida, no fue anulada. Así, al estar vigente, se interrumpió la prescripción. Reclamaron, en ese marco, "celeridad" al TOF para hacer un nuevo juicio.

Se espera, sin embargo, que ahora apelen los defensores de los dos imputados. El caso, así, podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su momento, el Cantaro había reclamado dos años de prisión en suspenso, en tanto que la defensora del exintendente, Laura Armagno, y el del exsecretario, Mariano Alomar, habían solicitado la prescripción y, subsidiariamente, la absolución.

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Alcala y Sterin fueron acusados de haber avalado con su proceder, en 2006, la constatación de más kilómetros de los que en realidad recorría la empresa El Indio -que era propiedad de Diego Osorio, ya fallecido- para obtener mayor cupo de gasoil subsidiado. En total, los recorridos estaban inflados en un 30%.

En el juicio, los dos acusados insistieron en que no cometieron delitos. "Somos inocentes", expresaron al declarar. Ambos dijeron que firmaron planillas que avalaban más kilómetros de los que hacían los colectivos, pero que no cometieron delitos. Sostuvieron que el área de control era la Dirección de Obras y Servicios Públicos, cuyo titular, Arturo Ripa, ya falleció.

De esta manera, su estrategia fue descargar responsabilidades en dos personas ya fallecidas: el empresario Osorio y el exdirector Ripa.

El Indio informó en el año 2006 que recorría mensualmente 950.702 kilómetros (cuando en realidad hacía entre 800 mil a 830 mil kilómetros, dependiendo el mes). En ese marco, tenía dos tipos de subsidios por mes: una suma dineraria y un total de 66.700 litros de gasoil subsidiado. Luego de que estallara la denuncia, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNR) le redujo a la firma la ayuda estatal por subsidios de 1.900.000 a 1.200.000 pesos anuales y le ajustó los kilómetros por línea y las frecuencias semanales. También le bajó los subsidios de 66 mil litros a 50 mil.

El fiscal había sostenido que no había dudas de que cometieron delitos y que defraudaron al Estado. “El perjuicio ha quedado claramente demostrado”, llegó a decir.

Había manifestado que los dos imputados no tuvieron beneficios económicos en forma directa. Pero, había advertido, con su ardid ayudaron al empresario Osorio a cobrar más subsidios. Esos cobros "extra", el empresario los destinaba a su empresa de turismo Dicar. “Tanto Alcala como Sterin prestaron el acuerdo necesario para que Osorio se hiciera de más subsidios de los que le correspondía. Avalaron datos falsos”, había dicho. “Fue realizado con dolo directo; puede colegirse del beneficio, aún no patrimonial: que el servicio público de pasajeros, de este extorsionador que era Osorio, no se interrumpiera".
Modificado por última vez en Martes, 10 Octubre 2017 17:50







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