El presidente Alberto Fernández sumó a Marisa Herrera y a Andrés Gil Dominguez, docentes de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), para una comisión clave de un equipo de expertos que lo asesorará para reformar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.
Fernández ya tiene todo listo para el envío al Congreso del proyecto de reforma judicial, algo que de concretarse será uno de los principales ejes de su administración. El proyecto ingresará en las próximas horas al Senado y, mientras tanto, se afinan detalles en medio de contactos directos del Jefe de Estado con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Si bien el Gobierno mostró cautela en revelar la letra chica de la iniciativa anunciada el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias, La Nación y Ámbito publicaron los nombres de los once juristas que integrarán la comisión revisora de la Corte Suprema, uno de los principales puntos del proyecto.
La tarea de este cuerpo conformado por juristas y notables del Derecho será analizar posibles cambios en áreas relevantes del Poder Judicial, como la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura. La elección de cada uno buscó dar una señal de «pluralidad», aseguran desde el entorno presidencial.
Entre los integrantes de la nómina se encuentra uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Beraldi. Para equilibrar las críticas del albertismo también se designó a la candidata a procuradora de Mauricio Macri, la jueza Inés Weinberg de Roca.
Completan el listado los constitucionalistas Gustavo Ferreyra y Andrés Gil Domínguez; el exjuez del juicio a las Juntas Carlos Arslanian; el experto en derecho penal Enrique Bacigalupo; la especialista en derecho de familia Marisa Herrera; las juezas de cortes provinciales Hilda Kogan, Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini; y el juez de la Corte de Mendoza Omar Palermo.
Se prevé que la comisión, que cuenta con paridad género, realice el trabajo ad honorem. Sus miembros tendrán 90 días para pensar reformas y entregar un informe detallado sobre el funcionamiento de la Corte, el Consejo de Magistratura y los juicios por jurados.
En cuanto a la estrategia legislativa que seguirá el Gobierno, la idea es que el proyecto ingrese por el Senado, en donde el oficialismo cuenta con mayoría y la comisión de Justicia y Asuntos Penales, está presidida por el ex secretario General de la Presidencia y titular de la AFI, Oscar Parrilli.
La discusión parlamentaria que planteará el bloque oficial estará determinada por el concepto que lanzó el Presidente en la apertura de sesiones: «Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia sino con una mejor justicia».
Marisa Herrera es directora de la maestría de Derecho Civil de la UNLPam. No es una abogada convencional: desde 2006 es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) especializada en temas de familia, infancia y adolescencia.
Además tiene un perfil de legisladora: impulsó la redacción de normas históricas para el país -como las de matrimonio igualitario y fertilización asistida- y es la única científica del Consejo que participó de la reforma del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Antes de la investigación trabajó en el Poder Judicial. “Cecilia Grosman, investigadora del CONICET, me envalentonó para que investigue porque en un punto la Justicia es como un hospital –dice-: sus casos te comen el día a día”.
Gil Domínguez, nacido en Santa Rosa, está radicado en Buenos Aires. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.
Levantó perfil cuando fue abogado del Grupo Clarín. Entre otras causas vinculadas a nuestra provincia, presentó en 2010 una demanda -junto a Miguel Palazzani- en contra de Mendoza para que devuelva el río Atuel.
También representó a la orangutana Sandra y obtuvo un fallo inédito a nivel mundial: la justicia argentina le reconoció derechos básicos como «sujeto no humano» a una orangutana del Zoo porteño y accedió a concederle un recurso de hábeas corpus, figura legal que se utiliza para casos de personas privadas ilegítimamente de su libertad. De tal manera, el homínido, pudo ser trasladado a un santuario y vivir en semilibertad.