Los jubilados y las jubiladas entre 1996 y 2010 fustigaron el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia que le negó a tres docentes el recálculo de sus haberes. “El fallo convalidó una ley de ajuste y eso para el universo de principios de los trabajadores activos y pasivos no es justicia”, dijeron en un documento.
En La Pampa, los estatales que se jubilaron entre 1996 y 2010 tuvieron un haber menor al resto.
Es que el Gobierno provincial puso en vigencia una ley que rebajó los haberes. “La Ley de Emergencia Previsional, como tantas otras de la década del 90 conculcó derechos del trabajo y previsionales que perjudicaron gravemente a la fuerza laboral”, recordaron los jubilados. “Esa visión ideológica neoliberal, entre otras medidas, aplicó la lógica de los sistemas privados de capitalización al sistema jubilatorio solidario y producto de ello es que se llegaron a necesitar hasta 24 años de salarios para determinar el promedio de remuneración que tendría el haber inicial del beneficio”.
Recién hace diez años, luego de movilizaciones y reclamos, fue derogada la norma.
En la última semana, los jueces Elena Fresco y Eduardo Fernández Mendía rechazaron un reclamo de tres jubiladas. “La primera reflexión que cabe frente a esta decisión es decir que el fallo convalidó una ley de ajuste y eso para el universo de principios de los trabajadores activos y pasivos no es justicia”, sostuvieron. “Queda sentado un duro precedente para los empleados provinciales activos y pasivos que será difícil subsanar”, agregaron.
“El fallo -dijeron- aparece en tiempos de una Pandemia que mantiene inmóviles y recluidas a las personas que deberían movilizarse para expresar su desazón. Francamente en tiempos tan críticos lo esperable hubiese sido que el Poder Judicial exhortase a los otros Poderes del Estado Provincial a reparar las consecuencias de las inequidades producidas por ellos mismos”.
“La verdadera Justicia aparecerá cuando se tomen decisiones políticas de respeto a los derechos conquistados progresivamente y de restitución de aquellos atropellados por políticas de ajuste y precarización. Resta decir que este colectivo de reclamantes aún tiene fuerza y fundamentos para hacerse oír”, finalizaron.
