Paula Mosley, la dueña de la agencia de turismo de Santa Rosa conocida como Etosha, ya cumplió una pena en la cárcel y ahora puso una vieja casa para dividir entre abogados que intervinieron en la causa civil de la quiebra y casi un centenar de damnificados que compraron paquetes de viajes que nunca pudieron hacer. El dato es que a cada uno de ellos, que hace unos cinco años de promedio pagaron unos 1000 dólares para hacer cruceros al Caribe y otros puntos del mundo, ahora les devolverán menos de 10 dólares.
Mosley era la dueña de Etosha, una agencia de turismo que venía cumpliendo con sus viajes y que, cada vez más, tenía más clientes. Pero en 2015 todo se derrumbó y cerró sus puertas. Hubo al menos 91 damnificados por unos 6 millones de pesos o 700 mil dólares. Es decir, a valores actuales, unos 90 millones de pesos.
Diario Textual accedió ahora a cómo se va a dividir el dinero, en la causa civil de la quiebra. Según se estableció, la Sindicatura se llevará 404 mil pesos. Además, entre los acreedores privilegiados, se cuenta la Afip que logrará cobrar 277 mil pesos y la Dirección de Rentas de La Pampa que podrá percibir casi 39 mil pesos -se incluyen 13.400 pesos por Tasa de Justicia-.
¿Y los damnificados? Monedas. Diario Textual dialogó con algunos de ellos, que pagaron por cruceros al Caribe y otros centros turísticos del mundo y nunca los pudieron hacer.
Un caso: pagó 110 mil pesos -en ese momento, unos 1000 dólares- y ahora cobrará poco más de 900 pesos. “Son cifras irrisorias, ínfimas”, dijo el damnificado.
Es decir, hace cinco años pagó 1000 dólares -el dólar tenía un costo de unos 9 pesos promedio-, nunca pudo viajar con su familia y ahora le devolverán unos 7 dólares.
La situación se repite con todos los damnificados, con una recuperación de entre 500 a 2500 pesos promedios -dependiendo de cuánto habían abonado en su momento-.
Mosley, por lo pronto, ya cumplió su condena penal. Incluso estuvo un año presa.
En su momento, acordó con la fiscalía un juicio abreviado. Así, en su momento, el Tribunal de Audiencia la condenó a tres años de prisión efectiva como “autora material y penalmente responsable del delito de estafas reiteradas en noventa y una oportunidades, en concurso real (art. 172 y 55 del C.P.), a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, con costas (arts. 40, 41 del C.P. y arts. 474 y 475 del C.P.P.)”.
Mosley acordó un abreviado porque en un juicio oral y público se exponía a una pena mucho mayor. La estafa tiene una pena máxima de seis años de prisión. Consiste en el despliegue de una conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, que determinando un error en una o varias personas, las induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual se genera un perjuicio en su patrimonio.
