Ellos dijeron tempranos a la mañana, al ser consultados por Diario Textual, que estaban avalados por la Constitución nacional: los jueces provinciales pueden darle una orden a un organismo nacional, como el Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa parece que no están de acuerdo: el presidente del TOF, Pablo Ramiro Díaz Lacava, puso en conocimiento del tema a la Fiscalía y le pidió que analice si corresponde investigar a Martín Saravia y Mauricio Pascual, ambos magistrados de Ejecución. Podrían haber cometido el delito de abuso de autoridad al ordenarle a las autoridades penitenciarias la prohibición de ingresar presos que no sean pampeanos a la Colonia Penal Unidad 4 de Santa Rosa.
Los jueces de Ejecución de La Pampa, Martín Saravia y Mauricio Pascual, ordenaron al Servicio Penitenciario Federal la prohibición de nuevos ingresos de presos que no sean pampeanos en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa. “Detectamos que hay 26 plazas disponibles y que no son ocupadas por pampeanos, cuando hay convenios firmados en ese sentido. Ahora hay 99 presos condenados pampeanos, cuando deberían ser 300”, dijo Pascual en diálogo con Diario Textual.
¿Es posible que un juez provincial dé una orden de esa naturaleza a un organismo federal? “Por supuesto. Nos ampara el artículo 18 de la Constitución y los acuerdos firmados entre Nación y la Provincia”, contestó Pascual.
En su resolución, firmada hace una semana, Saravia y Pascual recordaron que hace años insisten “hasta el hartazgo” ante los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, para que el Servicio Penitenciario Federal cumpla con los compromisos legales asumidos, entre ellos un convenio firmado en 2007. Sin embargo, hasta el día de la fecha existen alrededor de 220 pampeanos con condena firme que cumplen pena “de manera ilegal, en establecimientos policiales, hacinados y en condiciones infrahumanas”.
Por eso resolvieron “ordenar al Director de la Unidad 4 local la prohibición de nuevos ingresos de procesados y/o condenados que no deriven de la justicia ordinaria provincial, hasta tanto se dé cumplimiento al convenio suscripto entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional con fecha 12 de septiembre de 2007, hasta alcanzar la totalidad de las plazas allí consignadas”. Y lo mismo hicieron con la U13 de mujeres hasta que se dé cumplimiento a la adenda suscripta al convenio marco referenciado.
Pascual recordó, al ser consultado por este diario, que recientemente recorrieron junto a Saravia y los fiscales generales Armando Agüero y Máximo Paulucci la U4 y detectaron 26 plazas desocupadas en los distintos pabellones.
Las autoridades de la cárcel esgrimieron distintas explicaciones para “justificar las plazas vacías”, entre ellas que los internos se encuentran “en comparendo”, lo que significa que hay un interno que se encuentra momentáneamente en otro penal para cumplir con obligaciones de su juzgado, por lo que regresará a la Unidad 4, en este caso. Sin embargo, las autoridades judiciales consideraron que lo que se intentaba, en realidad, era “ocultar plazas para ser utilizadas a criterio discrecional del director de cada Unidad” penitenciaria.
Los jueces recordaron que en el año 2007 el Gobierno Provincial y el Nacional firmaron un convenio, que luego se convirtió en ley, en el que estableció un cupo de 180 plazas para pampeanos, mientras el Gobierno local avanzaba en modificaciones a la U4 (edificio nacional) por un monto de 10 millones de pesos y,concluidas las obras, la provincia tendría un cupo de 300 plazas. Recién a partir de ese número, el SPF podía disponer si otorgaba o no más lugares. Pasados 10 años sin que el SPF cumpla con el convenio establecido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno Provincial firmaron una “adenda”, donde la cartera nacional se comprometió a asignar el Instituto Correccional de Mujeres (U13) para alojar internos e internas procesados o condenados pampeanos. Ninguno de los acuerdo se cumplió.
