Los diputados nacionales del Frente de Todos por La Pampa pidieron, a través de un proyecto de resolución, que el Gobierno nacional realice un estudio y evaluación de impacto ambiental ante la posible reactivación del proyecto de la minera de fertilizantes Potasio Río Colorado. El temor de La Pampa es que se filtren sales al río Colorado, que lo contaminarán.
La iniciativa fue presentada por Hernán Pérez Araujo, con el acompañamiento de Melina Delú y Ariel Rauschenberger.
Dijeron que ese estudio, además, deberá tener la “garantía de participación ciudadana, debido a las consecuencias ambientales interjurisdiccionales que implicaría” para el río Colorado.
La mina -que se suma a la polémica iniciativa para levantar la represa Portezuelo del Viento- está ubicada en el sur de la provincia de Mendoza. Se pretende extraer cloruro de potasio, utilizado como fertilizante en explotaciones agropecuarias.
Este proyecto ha sido reformulado en varias oportunidades. Una de las principales controversias tiene que ver con el material de descarte: el cloruro de sodio.
Hay estudios que indican que el volumen que quedará descartado, luego de la refinación, tendrá volúmenes similares al cloruro de potasio objeto de la explotación.
En el estudio de impacto ambiental originalmente presentado se proponía depositar el cloruro de sodio residual en un predio de 200 hectáreas. Se estimaba que el acumulado alcanzaría una altura de 50 metros.
El volumen de sal sería de unos 100 mil millones de kilos. Esa montaña de sal será abandonada a 17 kilómetros del río Colorado, a perpetuidad. Se constituirá en el mayor pasivo ambiental.
El Gobierno de Mendoza firmó la semana pasada con la minera brasileña Vale el traspaso definitivo de Potasio Río Colorado, el megaproyecto de explotación de sales de potasio para fertilizantes ubicado en la localidad de Malargüe.
A partir de ahora, la provincia vecina avisó que intensificará la búsqueda un nuevo inversor para reactivar la mina, cuyos trabajos se habían paralizado en 2013.
“Hay muchos bienes, inmuebles, pistas de aterrizajes, tierras y los derechos de explotación de la mina que se transfieren al Estado provincial por más 30 millones de dólares y es lo que nosotros necesitamos tener hasta que encontremos el socio”, dijo el gobernador Rodolfo Suárez. “Ya existen varias ofertas desde China, Suecia y varios lugares del mundo para llevar adelante la explotación de la mina”.
El entendimiento supone que el Gobierno cuyano recibe todos los activos calculados en u$s250 millones; más u$s30 millones depositados en una cuenta bancaria de la empresa para realizar el mantenimiento del predio hasta encontrar un nuevo inversor.
La mina, en la que Vale invirtió más de u$s2.000 millones hace casi una década, está paralizada desde hace más de 6 años por falta de capacidad financiera de la empresa brasileña para ponerla en marcha. A eso se sumó el anuncio de Vale de que se retira de manera definitiva del negocio de los fertilizantes.