Pablo Ramiro Díaz Lacava, juez de Ejecución Penal, rechazó el pedido del exjuez federal José Antonio Charlín pueda cumplir su condena en su casa: dijo que no tiene mayores riesgos de contraer coronavirus en la Unidad Penitenciaria 31.
Dijo, en rigor, que tenía temor a ser contagiado de covid en la cárcel. En esa unidad, se registraron 11 casos de covid.
Además, sostuvo que debía cuidar a su madre de 86 años de edad. Ambos argumentos fueron desestimados.
En cinco oportunidades de este 2020 pidió la domiciliaria: en tres ocasiones, con manuscritos de él mismo y en otras dos oportunidades por su defensora particular Flavia Lorena Fernández.
La defensora, en la última oportunidad, sostuvo que Charlín era un interno considerado “de riesgo” porque padece hipertensión arterial, patologías gástricas y psicológicas, además de que es una persona mayor, de 60 años.
Además, mencionó que padece “gran angustia” por no poder recibir visitas, perdiendo contacto con amigos y familiares. También dio cuenta que la madre tiene 86 años, vive sola y que resulta fundamental el arresto domiciliario de su hijo con fin de asistirla en sus últimos años de vida.
El juez desestimó todos los argumentos. “No se advierten los elementos necesarios que permitan afirmar -en este estado- que José Antonio Charlín no pueda ser atendido correctamente por sus dolencias o enfermedades que padece, dentro del establecimiento carcelario”, sostuvo Díaz Lacava.
“En efecto se informó que la Unidad 31 cuenta con un servicio médico permanente, con derivaciones extramuros para los casos necesarios, y que el interno se encuentra correctamente asistido por su enfermedad de cataratas, por la que fue operado en un instituto privado donde controles quincenales, y por las demás patologías preexistentes. También se informó que se encuentra clínica y psíquicamente compensado, sin surgir elementos que requieran una evaluación mas profunda en la actualidad”, dijo. “Así advierto que, más allá de las distintas patologías que cursa el causante, su situación no se encuadra en los supuestos previstos por el art. 32 inc. a) de la Ley 24.660, de manera que posibiliten su análisis bajo los factores de mayor vulnerabilidad protegidos por la norma. Respecto a la necesidad de acompañar a su madre de 86 años, coincido con el representante del Ministerio Publico fiscal que tampoco se encuentran acreditados los extremos necesarios que permitan inferir que la señora Pilar Martínez sea una persona con discapacidad y que únicamente Charlín sea quien pueda suministrarle los cuidados del caso”, argumentó.
Charlín -quien era titular del Juzgado Federal de General Pico- cometió una serie de delitos a mediados de 2013, cuando subrogó el juzgado santarroseño: amenazó, abusó y maltrató a los empleados.
Fue condenado por el Tribunal Oral Federal de La Pampa a cinco años de prisión y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de amenazas, amenazas coactivas agravadas, amenazas en situación de violencia de género, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, abuso sexual en grado de tentativa en situación de violencia de género y daño por romper parte del mobiliario del juzgado.
