El Gobierno Nacional intimó al grupo Cablevisión a que devuelva el aumento cobrado por demás en las últimas dos facturas, cuando aplicó un incremento del 20% y el autorizado fue de 5%, y abrió un sumario para aplicar las sanciones que correspondan.
“Le estamos mandando la intimación a Cablevisón, que fue la empresa que aplicó este aumento, para que no solo devuelva lo que cobró de más en enero, sino que se abstenga de cobrar febrero hasta tanto refacture y lo haga correctamente con el 5% más la devolución del mes anterior”, explicó el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López.
Además informó que desde el Enacom se abrió “un sumario para aplicar las sanciones que correspondan”, porque sostuvo que lo que hizo Cablevisión “es un abuso ilegal”.
Desde Cablevisión, ante la consulta de Télam, respondieron: “El aumento informado oportunamente se mantiene vigente”, y explicaron: “La cámara que representa a las empresas del sector, ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable), ha presentado un recurso administrativo, en defensa de los derechos de sus empresas asociadas”.
“Cualquier novedad se informará a los clientes por los canales habituales y de corresponder se realizarán los ajustes pertinentes”, remarcaron fuentes de la empresa.
Gustavo López recordó que hay un DNU, el 690/2020, aprobado por el Congreso, que establece que estos servicios son públicos y esenciales, y determina que hay una Prestación Básica Universal (PBU). “A partir de ese momento es el Estado, a través del Enacom, el que fija la posibilidad de un aumento y de cuánto”, destacó.
Y puso de relieve que hay un fallo de la Justicia de la ciudad de Mar del Plata que ya le indica a Cablevisión el mes pasado que tenía que devolver el dinero, y dijo: “Sin embargo, como si fueran los dueños de la Argentina, no solo no lo hacen, sino que desafían la ley, la autoridad y al fallo del Poder Judicial cobrando un aumento”.
“Nosotros no solo estamos haciendo esta intimación sino que además estamos procurando denunciar una posible maniobra que está preparando el Grupo (Cablevisión) con un juez de feria en la ciudad de Buenos Aires, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Número 10, (Edgardo) Lara”, afirmó el funcionario.
Explicó que este magistrado “tiene el expediente” a través del cual Cablevisión pretende desconocer la legislación, y advirtió: “Si llega a tirar para atrás del decreto 690, va a permitir a las empresas facturar lo que quieran y va a dejar a la gente con un aumento y sin PBU”.
El vicepresidente del Enacom insistió con que el cobro por encima del 5% es “ilegal”, y denunció que lo que están haciendo “está por fuera de la ley”, por lo que aseguró: “Se aplicarán las sanciones más duras que se puedan aplicar”.
“Espero que con la intimación que estamos enviando, y con la apertura de sumario para aplicar sanciones, reflexionen”, sostuvo López, quien remarcó que este mismo Grupo está negando la PBU.
“Es el Estado el que fija las reglas a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El decreto 690 fue ratificado por el Congreso y también por el Poder Judicial”, añadió el funcionario.
A mediados de diciembre último, el Gobierno anunció la puesta en vigencia desde el 1 de enero de una PBU para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet y tv por suscripción con un precio a partir de 150 pesos.
En esa oportunidad también precisó que los incrementos autorizados serían entre 5% y 8% para las tarifas de estos servicios a partir del primer mes de 2021.
Estos anuncios se plasmaron en las resoluciones 1466/2020 y 1467/2020 del Enacom publicadas el 21 de diciembre.
En la resolución que autorizó el aumento, se precisó que para las empresas de estos servicios públicos en general, sería de hasta 5% para enero próximo.
Pero para el caso de los licenciatarios que posean menos de 100.000 accesos y que no hubieran aumentado sus precios en cualquiera de sus planes y servicios durante 2020, podrían hacerlo hasta un 8%.
Para establecer los porcentajes aprobados, se deberían tomar como referencia los precios vigentes al 31 de julio 2020.