El Parlamento de Uruguay aprobó esta madrugada un impuesto al salario de los funcionarios públicos, los cargos políticos y las jubilaciones por encima de los 120.000 pesos (2.700 dólares) que será destinado a crear un “Fondo Covid” para atender la emergencia sanitaria.
El tributo se aplicará durante dos meses y, según el cálculo, se recaudarán unos 11 millones de dólares que se destinarán en la lucha contra el coronavirus.
Tras un debate maratónico de 15 horas, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad, pero en la votación en particular el Frente Amplio (FA) apoyó el impuesto a los jubilados y a los cargos políticos, pero no al resto de los funcionarios públicos.
En rueda de prensa, el senador Óscar Andrade, coordinador de la bancada del FA, explicó antes de la sesión que el objetivo del partido es que el impuesto sea “equitativo” entre público y privado.
Por su parte, el senador Alejando Sánchez, del izquierdista MPP (Movimiento de Participación Popular), destacó que el error es que se le pide a los trabajadores “pero no al más rico”, informó el diario uruguayo El Observador.
La recaudación mediante este impuesto será destinada al Fondo Solidario Covid-19 creado el 8 de abril de 2020 con el fin de paliar la crisis económica.
En un principio, los senadores debatieron el proyecto en el recinto de Diputados para mantener un mayor distanciamiento social.
Pero la extensión de las discusiones y la necesidad de la Cámara baja de iniciar su propia sesión obligó a un cuarto intermedio que sirvió para la “mudanza” a su recinto natural.
Entre un debate y otro hubo que darle tiempo al servicio de limpieza del Palacio para que higienizara bancas y escritorios.
Ya el año pasado Uruguay aplicó un descuento similar, pero en salarios superiores a los 80.000 pesos (1.800 dólares), también por dos meses, y recaudó cerca de 30 millones de dólares.
