Luego de quince días de protesta, la Mesa de Enlace dio por terminado a partir de hoy del cese de comercialización de hacienda dispuesto a mediados de mayo en rechazo a la suspensión de exportaciones de carne por un mes, aunque los dirigentes rurales insistieron en la necesidad de reabrir todas las ventas al exterior. Actualmente solo se permite la exportación de determinados cortes, como la Cuota Hilton.
Luego de un encuentro virtual realizado ayer en la tarde, Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA), Sociedad Rural (SRA) y Coninagro ratificaron el fin de la medida y adelantaron que pedirán audiencia al presidente Alberto Fernández y buscarán dialogar con gobernadores y representantes de los distintos eslabones de la cadena cárnica.
A través de un comunicado citado por la agencia de noticias Télam, las entidades confiaron en “poder avanzar con instancias de diálogo “con el Gobierno nacional, los gobernadores y los legisladores, con el fin de “tratar de revertir las consecuencias negativas para la producción y para todos los argentinos de la desafortunada decisión oficial” de cerrar la mayoría de las exportaciones de carne.
En una jugada que sorprendió a propios y extraños, Alebrto Fernández había decidido cerrar parte de las exportaciones de carne vacuna hasta el 19 de junio de este año, a raíz del considerable aumento en los precios internos del producto, que en abril escaló 65% en su comparación interanual, según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva).
La Mesa de Enlace señaló que de una producción total de carne de 951.700 toneladas en el primer cuatrimestre se destinaron al exterior el 29,2%, o sea, unas 277.600 toneladas. «Esto implicaría que el consumo interno habría caído 9,5% en la comparación interanual (-71.100 toneladas), en la que 54,1% de la contracción vendría explicada por el menor nivel de actividad de la industria y el 45,9% habría sido explicada por el aumento de las exportaciones«, sostuvo Ciccra.
Por otro lado, el Gobierno también denunció irregularidades en las operaciones de exportación, con subfacturación y evasión fiscal, al mismo tiempo que los exportadores no tradicionales presionaban los precios al convalidar aumentos en las cotizaciones de la hacienda. En este sentido, tanto la Dirección General de Aduanas (DGA), como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca realizaron inspecciones e impusieron más de una treintena de multas y suspensiones ante las irregularidades detectadas.
Si bien las entidades rurales fueron las que concretaron el cese de comercialización, fue la industria exportadora la que negoció con el Gobierno para lograr revertir la medida.
