La Comisión de Ejecución del Programa Provincial de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de La Pampa, en un trabajo coordinado con organismos públicos nacionales, anunció que rescató a dos familias del Chaco que eran explotadas laboralmente en una reconocida estancia del pueblo de Quemú Quemú.
Se encontraban en la estancia Sol de Mayo, propiedad de la familia Azumendi. No es la primera vez que los dueños de ese campo tienen conflictos con familias del norte de país, dijeron pobladores a Diario Textual.
“El pasado miércoles 23 de junio se logró restituir a dos familias chaqueñas a su provincia de origen tras haber sido rescatadas de un establecimiento rural localizado en la localidad de Quemú Quemú”, informaron este jueves desde el Gobierno pampeano.
La denuncia fue radicada el 18 de junio, en forma anónima, en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Así, la Comisión Ejecutiva del Programa Provincial de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas se constituyó para abordar la denuncia, junto con representantes del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Nación; del RENATRE; de la UATRE; de la AFIP; y del Ministerio de Trabajo de la Nación, y a su vez, la colaboración de la Municipalidad de Quemú Quemú y el Ejército.
Autoridades de la Subsecretaría de DDHH y del área de Trata de Personas de la Policía Provincial se dirigieron al establecimiento Sol de Mayo y constataron la presencia de dos familias viviendo en “condiciones indignas y en situación de explotación laboral”, dijeron.
Había cuatro adultos y tres niños. Cuando los consultaron, manifestaron su deseo de abandonar el lugar y regresar a Chaco, motivo por el cual se procedió inmediatamente a cumplir con su voluntad.
Se las trasladó primeramente a la ciudad de Santa Rosa y finalmente este miércoles fueron regresadas a su provincia de origen.
Durante la permanencia de las víctimas en la ciudad capital se mantuvo contacto constante con ellas y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en conjunto con el resto de los organismos de la Comisión de Ejecución del Programa Provincial, las asistió en todas sus necesidades.
Se realizaron en tanto las presentaciones correspondientes en la Justicia Federal y ante la PROTEX. La causa penal se encuentra en plena tramitación en la Fiscalía Federal de Santa Rosa, a cargo de la fiscala Iara Silvestre.
