El secretario administrativo de la Unión Ferroviaria seccional General Pico y delegado de los trabajadores de Ferroexpreso Pampeano, Javier Thomsen, dijo a Diario Textual que el gremio apoyará la decisión del Estado nacional de retomar el control de los ramales ferroviarios de carga “siempre y cuando no toquen las condiciones laborales de los operarios, ya sea antigüedad como salario”. Aclaró que lo que se anunció “no es una estatización total del sistema como antes de los años 90”.
Ayer, tal como informó Diario Textual, Nación rechazó la extensión de la concesión de ramales ferroviarios de carga que estaban operados por tres empresas privadas. La decisión pesó sobre los servicios que estaban en manos de las empresas Ferroexpreso Pampeano -que tiene las líneas de La Pampa- Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca, y establece que serán operados por el Estado aunque abre la puerta para un esquema mixto público-privado en el futuro.
“Nosotros apoyamos la medida siempre y cuando no nos toquen la gente. Después, si quieren seguir privado o estatal o mixto como en este caso, no tenemos ningún reparo“, dijo Thomsen.
“Queremos que el personal quede con la misma antigüedad y salario. Después, las reglas de juego las impone el Gobierno. En principio, no habría problemas, veremos de ahora en más cómo va a avanzando todo“, dijo el delegado de los trabajadores de Ferroexpreso Pampeano.
“Esta decisión -aclaró Thomsen- no nos tomó por sorpresa. Lo que salió ahora es la resolución del ministro de Transporte diciendo lo que ya conocíamos: que no se le iba a renovar la concesión a Ferroexpreso Pampeano y a otras dos concesionarias. Pero lo que se va a hacer no es una estatización total del sistema, como era antes de los 90“.
El dirigente gremial explicó que en marzo de 2015, en la gestión de Florencio Randazzo como ministro de Transporte, salió la ley 27.132 en la cual Argentina volvió al sistema de ferrocarriles argentinos que permite un sistema abierto. Esto se utiliza mucho en Estados Unidos, Canadá y parte de Europa y consiste en que el Estado tiene el control de las vías y cobra un canon.
“Desde 2016 funciona una comisión de estudio de privatizaciones, que ahora rechazó la prórroga de las concesiones por falta de inversiones. Eso es lo que sucedió. Pero, insisto, esto no implica volver a como era antes de los años 90“, cerró Thomsen.
