La concejala Claudia Giorgis dijo que está avanzando en la Oficina Anticorrupción la investigación de la causa que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) radicó por las irregularidades en la obra de cloacas del barrio Butaló, de Santa Rosa, y sostuvo que la constructora Jubete debería devolver al Estado un total de 50 millones de pesos.
Giorgis fue la que impulsó la causa al detectar las irregularidades. En los últimos días mantuvo en la Oficina Anticorrupción, en la ciudad de Buenos Aires, una entrevista con las personas a cargo de la causa que el Enohsa derivó a ese organismo el año pasado por las cloacas del Butaló.
“El Informe de la auditoría que realizaron los técnicos del Enohsa fue lapidario consignando las irregularidades y las consecuencias de las mismas sobre el barrio», dijo la legisladora. «En efecto, tras la verificación de la ejecución del proyecto financiado en el barrio Butaló de nuestra ciudad el mismo fue contundente en sus exposiciones”.
El ente halló, en referencia a la ejecución de los trabajos de renovación de red cloacal que se debían realizar en el barrio, qu la obra no fue ejecutada en su totalidad. «Así se certificaron y pagaron trabajos no realizados. Además, que la falta de completamiento de la obra, en conjunto con su irregular puesta en servicio, sería el origen de anomalías tales como, trastornos en el funcionamiento de instalaciones domiciliarias internas, que fueron desvinculadas de la red para su posterior reconexión», dijo el organismo. «Deterioros en aceras y calzadas consistentes en hundimientos producto de la presencia indebida de fluidos provenientes de pérdidas de la red y compactación defectuosa. Acumulación de aguas servidas que ascienden a la superficie asfáltica desde el terreno saturado mediante las fisuras ocurridas luego de los hundimientos. Por último, bocas de registro con carga estática y cañerías, materialmente colapsadas”.
“No se evidencian -prosiguió el Enohsa- sobre la ejecución de los trabajos acordados y por tanto no se garantizó la exactitud y validez de la información remitida por la municipalidad en su momento (gestión Larrañaga) respecto de la realización en tiempo y forma de las actividades para su desarrollo, permitiendo la certificación y pago por los trabajos no realizados”.
“De la evaluación que se realizó mediante auditoría interna, se pudo concluir que surgieron deficiencias de gestión y control que impactaron fuertemente en el logro de los objetivos esperados”, sostuvo el organismo nacional.
Giorgis dijo que verificó los avances en la investigación que ha realizado la Oficina Anticorrupción, entre ellos nuevos requerimientos que han realizado ante el Enohsa y otras constataciones llevadas adelante desde ese ámbito. “De nuestra parte expusimos actualizando algunas situaciones que fueron de interés de ese organismo, motivo por el cual se nos requirió desde dicha Oficina documentación que vamos a aportar a la investigación”, afirmó.
“El tema resulta muy oportuno ya que hay en este momento dos vías de seguimiento de esta causa de ‘mala praxis’: por un lado la que lleva adelante la Justicia Federal en nuestra provincia y por el otro la de la Oficina Anticorrupción que también tiene la mirada puesta sobre las irregularidades cometidas y las responsabilidades correspondientes”.
Dijo que «es fundamental» la devolución del dinero. “La empresa Jubete debería aportar por lo menos 50 millones de pesos a la ciudad, dado que la ciudad necesita obras en varias zonas. Nos parece lógico que si el Estado asume estos gastos cuando en realidad deberían pagarla los que la hicieron mal, por lo menos 50.000.000 de pesos deberían ser devueltos por la empresa Jubete para destinarlos a otras emergencias de la ciudad que tanto se necesita y de alguna manera compensar los gastos de la obra nueva como así también todo lo gastado por el Municipio en estos 2 años, más los perjuicios causados a la Municipalidad y a los vecinos tanto en lo económico como en lo ambiental y sanitario», expresó.
