El Gobierno prepara una norma para darles cobertura a los empleadores frente a trabajadores que eligieran no vacunarse a pesar de estar en condiciones de hacerlo y mientras inocularse no sea obligatorio.
El dictado de la resolución quedó bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni que ya en abril se había pronunciado en una normativa conjunta con la cartera de Salud respecto de la vuelta a las tareas de los empleados de empresas privadas que tuviesen al menos la primera dosis de una vacuna, publicó el diario Ambito Financiero.
El texto estará inspirado en el principio de “buena fe” que consagra en su articulado la ley de Contrato de Trabajo. A nivel internacional la experiencia por ahora es dispar con algunos países de la Unión Europea y locaciones en Estados Unidos que les exigen a sus empleados públicos el certificado de vacunación.
La norma debería guiar a los empleadores para lidiar con casos en los que un dependiente optare por no vacunarse pese a formar parte de los segmentos de la población alcanzados por el proceso de inmunización organizado por el Gobierno y las administraciones locales.
Los abogados laboralistas por ahora interpretaron bajo distintas bibliotecas la futura medida pero en general coincidieron en que una sanción no debería ir más allá de la suspensión del pago salarial.