El Movimiento Federalista Pampeano, partido integrante de Juntos por el Cambio, reclamó públicamente que “algún diputado o diputada” solicite un pedido de informe al gobierno provincial sobre la entrega de ayuda social previo a las elecciones. Denunció que los fondos que se repartieron fueron para “compra de voluntades” y advirtió que debería haber “responsables administrativos que deben ser sancionados”.
En un documento, el Mofepa exigió que el Estado provincial “rinda cuentas” de los gastos de campaña.
“El sistema prevé que sea para todos los partidos iguales de acuerdo a su dimensión. Nuestra línea Movimiento Federalista participó en las PASO por Juntos por el Cambio y recibió del estado $781.481,40 en concepto de dinero para boletas y para otros gastos en la categoría de diputados $148.142,51 y en senadores $140.960,73. Unas de nuestras propuestas fue hacer la campaña con austeridad, honestidad y transparencia. En función de eso decimos que se le devolvió al Ministerio del Interior la suma de $524.193,80 no utilizados”, aseguró el Mofepa.
“Es de público conocimiento el ‘Plan Platita’ que implementó el Frente de Todos a nivel nacional. Es aquí donde se infringe la ley electoral, rompiendo la igualdad de posibilidades de hacer similares campañas todos los partidos. Dar subsidios por elecciones no condice con el objeto de entrega de subsidios de acción social, ni es motivo para entrega de créditos blandos”, sostuvo.
“Esos subsidios -continuó el Mofepa- deben ser entregados por un motivo justificado de necesidad de las personas, que debe estar predeterminado en acción social y aunque se justifique la entrega con esos argumentos, si buscamos antecedentes de cuántos fueron entregados durante el año; cuáles fueron sus montos teniéndose en cuenta la pandemia y se compara con los entregados un mes antes de las PASO y los entregados entre éstas y las generales se podrá comprobar que en los periodos electorales prestó mayor ayuda social y que los montos y subsidios aumentaron extraordinariamente. Lo que quiere decir que sus motivos han sido electorales (compra de voluntades)”.
“Por consiguiente tiene que haber responsables administrativos que deben ser sancionados. Y algún diputado o diputada tendría que solicitar en la legislatura un pedido de informe al Poder Ejecutivo o pedir la interpelación al ministro del área en la Cámara para que lo informe y en su efecto denunciarse en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”, reclamó el partido integrante de Juntos por el Cambio.
“Si esto no se hace, quedará en la anécdota que repartieron plata, y como para ellos partido gobierno o estado es lo mismo (es solo una empresa que ellos son sus dueños), lo seguirán haciendo siempre”, agregó.